La cuenta única creada por Morales rompe el equilibrio republicano
La realidad asfixiante que atraviesa Jujuy tiene un origen claro, aunque disfrazado de moderno: la mal llamada cuenta única. Lo que en 2019 se nos vendió como una medida técnica para “ordenar” y “hacer más eficiente” el gasto público ha terminado siendo, a casi ocho años de su implementación por decreto y luego refrendada por la Legislatura —o escribanía de gobierno—, el golpe de gracia a la institucionalidad de nuestra provincia.
Fue una maniobra donde se esquivó el debate, y hoy los resultados son dramáticos: servicios públicos vaciados y salarios precarizados al extremo. La decisión de Gerardo Morales no buscaba eficiencia, sino control absoluto. Sin embargo, en el derecho público, no todo lo eficiente es legal, y mucho menos legítimo si para lograrlo se rompe el equilibrio republicano.
Al concentrar los recursos que corresponden al Poder Judicial, al Legislativo, a los ministerios y a los entes autárquicos, Morales no solo administró dinero, sino que condicionó la independencia de las instituciones. ¿De qué autonomía hablamos cuando los municipios tienen que ir a mendigar lo que por ley les corresponde? Véase el caso de la obra social de los jujeños, herida de muerte porque sus fondos quedan retenidos en este agujero negro, obligando a aumentar brutalmente las cuotas de los adherentes mientras los profesionales no cobran.
Aquí se ha vulnerado el principio de legalidad: el Ejecutivo no puede disponer a su antojo de fondos con destinos específicos fijados por ley. Gobernar por decreto en temas tan sensibles es, directamente, lesionar la democracia. Nos preguntamos entonces: ¿relativizar el destino de los fondos públicos no sería acaso un delito? Esta eficiencia financiera no fue más que una pantalla para concentrar poder, disciplinar opositores y, lo que es peor, usar el salario de los trabajadores para tapar los baches de proyectos fastuosos y fallidos que solo dejaron deuda internacional.
En Jujuy, el poder dejó de administrar para convertirse en un ente recaudador que desnaturalizó la calidad democrática, dejándonos en un escenario de incertidumbre donde ya no sabemos en qué puede terminar este atropello.
En Jujuy lo que está en juego es nada menos que la legalidad en el manejo de los recursos públicos. Muchos se preguntan: ¿es delito desviar fondos que ya tienen un destino fijado por ley? La respuesta, desde el Código Penal, sería afirmativa.
Estaríamos hablando, en primer lugar, de malversación de caudales públicos, que ocurriría cuando un funcionario le da al dinero un uso distinto al que marca la ley, incluso si la plata permanece dentro del Estado. Si el presupuesto establece que es para salud y el poder lo utiliza para pagar deudas de proyectos propios, allí podría configurarse un delito.
Pero la situación se vuelve más grave cuando el destino final es incierto, porque entonces entraríamos en el terreno del peculado o del fraude a la administración pública. No sería solo un error administrativo: se trataría de un abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que el Ejecutivo no tiene la facultad de pasar por encima de la voluntad del legislador ni de asfixiar la autonomía de la Justicia o de los municipios usando la billetera como herramienta de presión.
Al retener fondos de entes autárquicos, como la obra social, para cubrir baches de una gestión fallida, se estaría rompiendo el contrato básico de la democracia: la transparencia. Gobernar por decreto sobre fondos afectados es, en definitiva, una maniobra que esquiva el control republicano y que, tarde o temprano, deberá rendir cuentas ante la misma Justicia que hoy se intenta condicionar.
En este escenario, la supuesta eficiencia no es más que una pantalla para una gestión que, al relativizar el destino de los fondos, camina peligrosamente por la cornisa de la ilegalidad institucional.