La coima como política pública

Cuando uno repasa los nombres detrás de las concesiones estratégicas de la provincia, salta a la vista un patrón alarmante. Hablamos de firmas e inversionistas salpicados e imputados en causas judiciales de altísima gravedad, como la causa Cuadernos, por presunto cohecho activo y ofrecimiento de coimas. Es el caso del presidente de la compañía Panedile, que construyó el Museo Lola Mora. Hugo Dragonetti es presidente de la empresa, posee el 21,6 por ciento de las acciones y está imputado en la causa Cuadernos por presunto cohecho activo o soborno a un funcionario público.

Lo vemos también en la obra pública tradicional y en la matriz energética, con contratos a dos décadas para parques solares como Chalicán o Perico, donde se compromete a la provincia a pagar tarifas sustancialmente superiores a los valores del mercado mayorista. Como es el caso de la empresa Secco S.A., cuyo presidente, Jorge Balán, está imputado por presunto ofrecimiento de coimas en la causa Cuadernos.

¿Por qué el Estado jujeño termina asociándose o contratando de forma reiterada con actores envueltos en sospechas de retornos? ¿Es impericia, desidia o una metodología calculada donde la voracidad fiscal y el apetito por el negocio fácil pesan más que la transparencia?

Cuando la coima y el direccionamiento se vuelven la norma, el impacto en la estructura social es devastador. En primer lugar, se produce una distorsión económica directa: cada dólar o cada peso pagado de más en una tarifa o en una certificación de obra sale de la salud, de la educación y del bolsillo del contribuyente. En segundo lugar, se destruye la confianza institucional.

Cuando la sociedad percibe que los órganos de control miran para otro lado y que la Justicia actúa con indiferencia, la ley deja de ser un pacto colectivo y se convierte en un adorno. Esto genera un escepticismo tóxico en la ciudadanía, donde la excelencia técnica de un proyecto queda irremediablemente manchada por la sombra del negociado, erosionando la cultura del esfuerzo y de la ética pública.

No podemos naturalizar que el dinero del pueblo funcione como la caja chica de unos pocos ni que el futuro de la provincia se comprometa bajo esquemas discrecionales. La corrupción no es solo un delito contable; es un freno directo al desarrollo que profundiza las desigualdades y degrada la democracia misma.

La ética política y la voracidad insaciable por los retornos de la corrupción se han vuelto, trágicamente, las dos caras de la misma moneda en un sistema donde el interés público quedó desplazado por el negocio privado de unos pocos.

Cuando la función pública se concibe no como un compromiso republicano, sino como una plataforma de recaudación personal o corporativa, el concepto mismo de la ética queda reducido a un discurso vacío para la tribuna. Esta codicia institucionalizada no es inocua; funciona como un impuesto encubierto que recae sobre la espalda de los ciudadanos de a pie, quienes terminan pagando obras con sobreprecios, tarifas astronómicas y servicios públicos deficientes.

La complicidad de los organismos de control y la pasividad de una Justicia que actúa con severidad selectiva terminan de consolidar un mecanismo impune donde la impudicia se frena únicamente cuando los recursos se agotan. Las consecuencias de esta conducta destruyen el tejido social desde la base: fracturan la confianza en la democracia, alimentan la resignación ciudadana y enseñan la peor de las lecciones: que el cumplimiento de la ley es para los giles y el fraude es la vía rápida al éxito.

Mientras la dirigencia no entienda que no hay proyecto de infraestructura ni relato de modernización que valga si está manchado por la coima, la sociedad seguirá atrapada en un ciclo de empobrecimiento y degradación moral, donde la transparencia no pasa de ser un eslogan publicitario.