Detuvieron a un abogado jujeño que representa a comunidades aborigenes
Entre los señalados figuraban Néstor Ariel Ruarte, René Vicente Casas, Roberto Carlos Alemán y Alicia Chalabe, esta última habló esa misma tarde con una radio de Buenos Aires desnudando las irregularidades en la detención que se había efectivizado horas antes, además de criticar severamente los métodos que el Ejecutivo empleaba para criminalizar la protesta haciendo acopio del poder público.
“Estamos volviendo a la época de la conquista porque si no podemos protestar y no podemos usar las herramientas para estar en contra de la Constitución en el dictado de la reforma parcial, somos acusados de sediciosos. Son figuras vagas y arcaicas que no tienen que ver con el progreso que ha tenido el Estado de derecho en estos años”, dijo Alicia Chalabe a AM750 de Buenos Aires.
En su visita a Sobremesa (Canal 2) otro de los apuntados, René Vicente Casas, se pronunció de manera similar, con durísimas comparaciones entre el accionar del gobierno jujeño y etapas oscuras de la historia argentina y mundial:
En la conferencia de prensa que brindaron tres funcionarios públicos pocos días después del 20 de junio, uno de ellos dijo vamos a dar 25 años de prisión, arrogándose funciones de los jueces… El último gobierno de facto fue muy duro para los argentinos y quedaron cosas… Al mundo le costó mucho llegar a la Revolución Francesa y superar la etapa de la Inquisición En la conferencia de prensa que brindaron tres funcionarios públicos pocos días después del 20 de junio, uno de ellos dijo vamos a dar 25 años de prisión, arrogándose funciones de los jueces… El último gobierno de facto fue muy duro para los argentinos y quedaron cosas… Al mundo le costó mucho llegar a la Revolución Francesa y superar la etapa de la Inquisición
Lejos de tecnicismos, el ex candidato a convencional constituyente negó cualquier posibilidad de haber incurrido en el delito que se lo llegó a acusar, entendiendo que según el código penal la actitud de sedición “se da cuando quiere arrancar a la provincia alguna medida para cambiar la Constitución, para deponer alguna de las autoridades legalmente constituidas o para impedir aunque sea temporalmente el libre ejercicio de sus facultades legales”, entre otras inconsistencias que percibió como los tiempos en que debe intimarse al sedicioso según el artículo 231.
Si bien luego vería la luz otra lista negra, el Ministerio Público de la Acusación y el Superior Tribunal de Justicia negaron la existencia de tales órdenes de detención tras la consulta del juez federal, pero lo acontecido con Nallar, quien fue liberado pero continúa imputado, estremeció a la comunidad de abogados locales, ratificando la idea que nadie está exento de una detención sin atenuantes, tal como reconoció la ex convencional y actual candidata a senadora Amelia de Dios.
A modo especulativo, Casas dejó entender que la gran cantidad de habeas corpus presentados a su favor y el de los abogados mencionados, puede haber tenido alguna injerencia. Si bien no presentó ningún recurso de este tipo por su cuenta, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla hizo lo propio junto a varios colectivos, uno de ellos encabezado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, madres, abuelas, veteranos de Malvinas de La Plata y organizaciones civiles.
Sumándose a la lectura que hizo su ex compañera de lista, Alicia Chalabe, semanas atrás en Sobremesa: “Efectivamente estamos ante una libertad vigilada y debo agregar de patrimonio vigilado. El derecho contravencional nunca puede estar en la Constitución, es un derecho de los municipios, es el derecho que ejerce a través de un edicto, como cuando el jefe de policía dice como se va a jugar con agua para el carnaval. Dónde está la carta orgánica municipal, parece que no saben de su existencia, debemos vivir en un Estado de derecho…”, concluyó.
