Elección de jueces “a dedo”: Morales lo hizo de nuevo
El 16 de febrero de 2016 el gobernador Gerardo Morales presentaba en el salón Velez Sarfield de Tribunales el reglamento para la designación de jueces y magistrados por concursos de antecedentes y oposición.
El mandatario afirmó ese día que se trataba del hecho “más importante desde el punto de vista institucional” en la provincia de Jujuy, y aseguraba que se iba “a mejorar cualitativamente la justicia”.
Dos años y ocho meses más tarde, esa bandera que la actual gestión levantó como una evolución del sistema republicano en la provincia se ve empañada por las críticas de abogados del foro local, quienes aseguran que el gobernador encontró la forma de elegir a los jueces de manera discrecional, aún con el nuevo sistema en vigencia.
Es que por tercera vez desde que se instauró el sistema de concursos para elegir a los jueces, el mandatario habría decidido ignorar el orden de mérito que llega a sus manos al descartar a quienes mejores puntajes obtuvieron en la evaluación, eligiendo a su candidato sin explicar el motivo de su elección.
La polémica gira en torno al concurso N°18, realizado en el mes de noviembre de 2017, para cubrir el cargo vacante de juez de primera instancia civil y comercial N°2 de San Salvador de Jujuy.
Los resultados de aquel proceso se conocieron en abril de 2018, resultando el siguiente orden de mérito:
Esos resultados fueron enviados por el Tribunal Evaluador al Superior Tribunal de Justicia, que a su vez se los remitió al Poder Ejecutivo, como dicta el proceso.
Así, el orden de mérito llegó a las manos del gobernador, quien debía elegir a uno de ellos para postularlo en el cargo, y enviar sus pliegos a la Legislatura.
Eso habría ocurrido el último 9 de noviembre. Según un documento filtrado del sistema informático de la Legislatura, el elegido por Morales fue Diego Armando Puca, pese a que dos de sus colegas, Darío Melano y Dante Rivas, obtuvieron mejores calificaciones durante la evaluación.
Ahora será la comisión de asuntos institucionales la que estudie el pliego para que luego los 48 diputados decidan si aceptan la moción del gobernador y Puca finalmente se convierte en juez. Algo que, con la mayoría oficialista, parece ser un mero trámite.
Vale una aclaración en este punto. Lo que hizo el gobernador es legal. La constitución de la provincia lo faculta para esa elección, y en todo caso el sistema de selección de jueces representó un avance, ya que antes de su puesta en marcha incluso los candidatos eran elegidos discrecionalmente por el Superior Tribunal de Justicia, y sobre esa elección discrecional el gobernador hacía uso de su opción, nuevamente, con un criterio absolutamente arbitrario.
Sin embargo, en casos como el que se plantea puede afirmarse que la arbitrariedad se redujo, pero sigue existiendo.
El espíritu de la modificación legal que permitió la existencia de concursos para elegir a los jueces en Jujuy apunta a que exista un criterio de idoneidad para la selección, evitando que la política los designe en base a su conveniencia.
El propio gobernador se jactó en otras oportunidades de “no conocerles la cara” a algunos de los jueces que le tocó proponer.
Sin embargo, al hacer uso de su facultad constitucional de elegir, podría haber explicado los motivos de su decisión, para que esta no empañe al sistema.