Centralizarán información de todos los sistemas judiciales
La justicia jujeña tendrá la posibilidad de producir datos estadísticos uniformes y publicarlos en el nuevo Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina, cuya presentación se realizará en breve.
El fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Sergio Enrique Lello Sánchez, participó en Buenos Aires, junto a representantes de los poderes judiciales y ministerios públicos de las 24 provincias del país de la firma de un convenio interjurisdiccional con este fin.
El Convenio impulsa un plan conjunto de modernización de los sistemas de información de la justicia argentina, guiado por los estándares de gobierno abierto y de datos abiertos. Estas acciones buscan mejorar la calidad de la información estadística elaborada y publicada por las distintas jurisdicciones.
El acto fue encabezado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, las autoridades judiciales se comprometieron a profundizar políticas de acceso a la información y gobierno abierto en las instituciones que representan.
A partir de este convenio, el Ministerio coordinará el proceso de elaboración y sistematización de un nuevo sistema de estadísticas, diseñará protocolos técnicos y proveerá asistencia técnica y financiera a las instituciones que lo requieran para la producción, recolección y sistematización de la información.
También desarrollará un portal que incluirá los datos producidos por las instituciones firmantes. El Programa Justicia Abierta brindará capacitaciones y asistencia técnica continua, y las instituciones de la justicia se comprometen a producir datos y se encargarán de sistematizar la producción y recolección de la información.
El Portal de Datos Abiertos concentrará, además, información desarrollada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como los datos sobre constitución de sociedades y asociaciones civiles, mediaciones prejudiciales y judiciales, la base de datos legislativos de Infoleg, declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público, y las solicitudes de autorización de portación de armas de fuego.