Avanza en la Justicia Federal una causa contra la empresa Santa Ana
Un grupo de ex trabajadores de la compañía de transporte urbano denunció penalmente a la firma tras descubrir, al tramitar el fondo de desempleo en la ANSES, que figuraban registros falsos de cobros de indemnizaciones millonarias que nunca recibieron. Mientras la causa federal muestra avances con el pedido de levantamiento del secreto fiscal, la vía judicial provincial por amenazas coactivas permanece paralizada.
- Denuncia de fraude de Santa Ana: Ex trabajadores de la empresa de transporte denuncian falsos cobros de indemnizaciones millonarias.
- Causa Federal: La investigación avanza con el pedido de levantamiento del secreto fiscal.
- Justicia Provincial: A la par, la vía judicial por amenazas coactivas permanece paralizada.
La situación legal de la empresa de transporte urbano Santa Ana sumó un nuevo capítulo en el fuero federal, tras la denuncia presentada por un grupo de aproximadamente siete ex empleados.
El conflicto se originó cuando los trabajadores, tras ser despedidos, concurrieron a las oficinas de la ANSES para gestionar el fondo de desempleo y se encontraron con la imposibilidad de acceder al beneficio previsional.
Carlos Espada, abogado defensor de los choferes, dialogó con Radio 2 y explicó que en los registros figuraba falsamente que los empleados ya habían percibido indemnizaciones millonarias, situación que generó un perjuicio económico inmediato en un contexto de vulnerabilidad.
“Se presentaron a realizar este trámite previsional, les dicen que no podían acceder a dicho trámite porque figuraba dentro de los registros de los trabajadores que ellos habían cobrado indemnizaciones millonarias. Ellos dijeron: "Nosotros no hemos cobrado absolutamente nada"”, expuso.
La investigación en la Justicia Federal y el entrecruzamiento de datos
Ante la gravedad del hecho —que involucra declaraciones juradas con información inexacta vinculada a organismos nacionales como ARCA y ANSES—, la denuncia inicial radicada en el Ministerio Público de la Acusación provincial fue derivada al fuero federal por tratarse de un presunto delito contra la administración pública nacional.
En los últimos días, representantes de la querella mantuvieron una reunión con la Secretaría de la Fiscalía Federal, donde se confirmó que la investigación avanza: #Uno de los primeros pasos era levantar el secreto fiscal a fin de poder obtener toda la información respecto de los trabajadores. Se está avanzando con la investigación, de que se iba a pedir el levantamiento del secreto fiscal a los fines de realmente poder investigar si existe alguna conducta reprochable desde el punto de vista penal#, señaló Espada.
Se espera que en un plazo aproximado de una a dos semanas, con la recopilación de los datos fiscales y bancarios, se pueda constatar la inexistencia de transferencias o depósitos a los CBU de los damnificados, lo que consolidaría la hipótesis de fraude ante la administración pública.
El contraste con la causa provincial por amenazas
Mientras el proceso federal muestra dinamismo, la situación en la justicia local mantiene un panorama desalentador. Previo a los despidos, los operarios habían reclamado formalmente por diferencias salariales y fueron convocados a una reunión donde habrían sido amenazados por la gerencia para que desistieran del reclamo, una secuencia que quedó registrada en audio.
Pese a haber presentado dicha prueba de carácter contundente sobre el delito de amenazas coactivas, la defensa denunció un absoluto silencio y falta de respuestas por parte de los organismos de la provincia: “Totalmente lo contrario respecto a lo que sucede en la justicia provincial con el delito de amenaza que yo recién había comentado, que hace un tiempo largo que tenemos un absoluto silencio”, cerró el letrado.