Justicia Federal

La causa ahora se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal. Los cuatro efectivos se encuentran imputados por el delito de "homicidio doblemente agravado".

El próximo sábado8 de febrero se formalizará la restitución de la cancha de fútbol ancestral con actividades culturales abiertas al público. La obra del edificio escolar inconsulto fue paralizada y desmontada luego del convenio homologado en la justicia federal, hoy solo quedan vestigios de la Escuela Secundaria N° 57 que nunca debió ser.

Se habría remitido una solicitud a la Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación para evaluar el accionar de los encargados de las investigaciones del caso de prostitución de menores que hoy se encuentra bajo la órbita federal, sin ningún detenido.

La abogada Silvana Llanes, quien representa a los miembros de la comunidad Kolla, afirmó que ese fue uno de los falsos argumentos utilizados al momento de presentar los formularios que garantizarían los fondos nacionales necesarios en la construcción de la Escuela Secundaria N°57.

La fiscal federal de la unidad Jujuy, Lucía Orsetti, sostiene que el desembolso de fondos nacionales para la construcción de la escuela en el predio ancestral “no habría existido si el documento público de Plan de Manejo Ambiental no hubiese sido confeccionado a partir de declaraciones falsas”.

La jueza Arroyo Salgado envió un exhorto internacional en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que se sustancia contra el ex legislador entrerriano, que está detenido en Paraguay. La solicitud incluye a su acompañante Iara Guinsel Costa.

Días pasados se introdujo un nuevo recurso legal ante la Justicia Federal para que se diera de baja un concepto comunal y se refacture el servicio a todos los usuarios.

Se firmó un convenio entre el Ministerio Público Federal y la Fiscalía de Estado para que devuelvan la cancha y la finca que habían sido expropiadas por el Estado provincial durante la gestión de Gerardo Morales y que desató un grave conflicto con las comunidades originarias del lugar. El plazo establecido es de 25 días para reparar.

Las abogadas patrocinantes de las familias desalojadas del barrio Radio Estación esperan que la resolución de la Cámara avance en el mismo sentido que el fiscal Ricardo Toranzo, quien emitió un dictamen en el que resuelve que corresponde a la Justicia Federal entender en el caso, tanto por los intereses que hay en juego como la normativa vigente.