El Ministerio de Gobierno decidió alojar a presos condenados o procesados por homicidio, violaciones y robos violentos en medio de un barrio donde común y sin el menor resguardo de seguridad para los vecinos que habitan en el lugar.
Vecinos de las 95 Viviendas de Alto Comedero conviven con los presos
Es por la decisión del Gobierno de instalar una unidad penitenciaria en medio de un barrio común y que además no cuenta con los requisitos mínimos de seguridad. Son frecuentes las fugas que se reportan en esa unidad penal. Los vecinos del lugar viven con temor.
Se trata de las 95 Viviendas de Alto Comedero, donde los presos de la Unidad Penitenciaria Nº 5 prácticamente “conviven” con los habitantes del lugar.
De manera insólita, el Gobierno decidió convertir un grupo de casas en una cárcel. A simple vista, la seguridad es mínima. Los vecinos aseguran que durante los fines de semana, los internos cuentan con la posibilidad de salir de la unidad carcelaria para comprar bebidas alcohólicas en kioskos del vecindario, y dan rienda suelta al jolgorio, con la complicidad de los mismos guardiacárceles.
El polideportivo construido en la unidad para la recreación de los delincuentes no sería un problema, si no fuera porque cuando se les escapa la pelota y cae en los patios de sus vecinos, los presos saltan las medianeras y buscan sin complejos el balón para continuar haciendo deporte.
Las fugas, aseguran, son una constante. De hecho la semana que pasó distintos medios informaron como un interno se había escapado de la controvertida unidad.
El argumento para la irracional decisión de hacer convivir a delincuentes condenados con trabajadores y vecinos que no infringieron ninguna ley sería la necesidad de reinsertarlos en la sociedad.
Sin embargo, las peripecias, la preocupación y hasta las faltas de respeto que la gente debe soportar, no parecen haber sido contempladas por los mentores de tal medida. En medio de tanta preocupación, los vecinos le envían un mensaje al responsable último de hacerlos convivir con homicidas y violadores.
De manera insólita, el Gobierno decidió convertir un grupo de casas en una cárcel. A simple vista, la seguridad es mínima. Los vecinos aseguran que durante los fines de semana, los internos cuentan con la posibilidad de salir de la unidad carcelaria para comprar bebidas alcohólicas en kioskos del vecindario, y dan rienda suelta al jolgorio, con la complicidad de los mismos guardiacárceles.
El polideportivo construido en la unidad para la recreación de los delincuentes no sería un problema, si no fuera porque cuando se les escapa la pelota y cae en los patios de sus vecinos, los presos saltan las medianeras y buscan sin complejos el balón para continuar haciendo deporte.
Las fugas, aseguran, son una constante. De hecho la semana que pasó distintos medios informaron como un interno se había escapado de la controvertida unidad.
El argumento para la irracional decisión de hacer convivir a delincuentes condenados con trabajadores y vecinos que no infringieron ninguna ley sería la necesidad de reinsertarlos en la sociedad.
Sin embargo, las peripecias, la preocupación y hasta las faltas de respeto que la gente debe soportar, no parecen haber sido contempladas por los mentores de tal medida. En medio de tanta preocupación, los vecinos le envían un mensaje al responsable último de hacerlos convivir con homicidas y violadores.