Una ley contra la corrupción
Luego de muchos años, la dirigencia política parece haber comprendido que la ciudadanía repudia las actitudes deshonestas o en el mejor de los casos, desprollijas con el dinero que le pertenece a todos y debería convertirse en obras y actos que mejoren las condiciones de vida en Jujuy.
En este sentido se enmarca la ley que impulsa, al menos desde lo declamativo, el peronismo renovador en Jujuy.
El proyecto busca impedir que aquellos funcionarios que no tengan sus cuentas claras, participen como candidatos en futuras elecciones.
Según adelantaron legisladores de este bloque peronista, el artículo esencial del proyecto impone como requisito una suerte de libre deuda para los funcionarios, el que deberá ser emitido por el Tribunal de Cuentas, máximo órgano de control de la provincia.
El funcionario, si tiene aspiraciones, deberá tener las rendiciones de los dineros que administró, mediante esta especie de certificado del tribunal.
El mismo, deberá ser emitido con 120 días de anticipación para que el candidato en cuestión pueda ser parte de alguna lista.
Días pasados, al abrir el período ordinario de la Legislatura, el gobernador Gerardo Morales entregó un dato revelador del descontrol que hubo en el estado durante la última década: según los registros del tribunal de cuentas, el dinero sin rendir asciende a 1650 millones de pesos.
Una fortuna que nadie sabe dónde fue a parar.
Esta ley, de sancionarse, se convertiría en un pequeño paliativo ante tanto desguace del estado. Sin embargo, podría ser además el principio de algo. Una nueva era de honestidad y decencia que la sociedad hace años reclama.