Transporte: Paro, festival de subsidios y descontrol
La falta de transparencia es la regla en la prestación de un servicio público clave: , no hubo previsión en el gobierno local pese a que conocía desde hace meses que se reducirían los subsidios y poco se sabe de cómo manejan las empresas los recursos que reciben ni tampoco se advierten inversiones reales para mejorar el servicio.
Todavía no transcurrieron ni siquiera tres meses de este año 2019 y ya mañana la provincia vivirá su quinta jornada de paro en el transporte público de pasajeros.
Otras vez, miles de jujeños quedarán rehenes de un conflicto netamente económico que se ha agravado como consecuencia de la falta de previsión por parte del gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, que actúa cuando el problema ya está instalado.
Desde octubre del año pasado comenzó una etapa de reclamos, que se extiende hasta la fecha y que inicialmente impulsaron los trabajadores ante los incumplimientos de las empresas en los pagos pero, posteriormente, fueron las propias empresas las que se negaron a continuar prestando el servicio si el gobierno no les depositaba los subsidios correspondientes.
El conflicto tuvo su origen en la quita de subsidios que se concretó desde Nación en el marco de una serie de ajustes económicos: el Estado financiaba el 60 por ciento del boleto de colectivo en promedio en el país.
En ese contexto, el Gobierno Nacional anunció un nuevo sistema de asignación de los recursos para el transporte público a nivel federal, en el que las provincias pasaban a tener autonomía plena en el financiamiento de sus propios sistemas de transporte.
La decisión se oficializó a finales de diciembre y, a partir de 2019, el traspaso fue acompañado con fondos del Gobierno Nacional y el mantenimiento de la Tarifa Social a lo largo de esta transición.
A Jujuy se giraban desde Nación, hasta ese momento, 921 millones de pesos.
A partir del traspaso, el gobierno local pasó a hacerse cargo del 50% del subsidio, mientras que Nación realizaría un aporte mínimo del 15% (como un monto fijo). En tanto el 35% restante sería analizado para estudiar cómo se subsanará.
El 2 enero de 2019, en lo que dirigentes políticos definieron como una maniobra extorsiva, decidieron reducir la cantidad de unidades en circulación argumentando que el gobierno no estaba cumpliendo con lo pactado.
Las críticas no tardaron en llegar pero no estuvieron dirigidas solo al empresariado sino también al Estado que pese a tener conocimiento de la determinación del sector no actuó oportunamente. Peor aún, desde octubre Nación anticipaba la quita de subsidios y la provincia no fue capaz de tomar los recaudos frente a lo que claramente se perfilaba a ser un escenario de conflictivo.
Resulta también llamativo que empresas privadas cuyas ganancias no van a las arcas del Estado ejerzan presión para ser subsidiadas sobre todo cuando en Jujuy la gran mayoría no ha hecho inversiones verdaderas para mejorar el servicio: las unidades son viejas y en muchos casos están sucias, y además, no hay suficientes frecuencias para el nivel de demanda actual.
Tampoco se advierten estrategias para optimizar los costos y tener mejores condiciones de competitividad.
Desde la UTA se denunció en más de una oportunidad que las empresas se escudan en la falta de fondos y amenazan con dejar sin trabajo a los empleados pese a que “se han enriquecido todos estos años con la plata que llegaba de Nación”.
Ya sea con un nuevo aumento en el boleto o con mayores subsidios, las empresas buscan volver a esa situación privilegiada en la que estuvieron durante tanto tiempo y parecen dispuestas, de ser necesario, a poner en jaque a toda una provincia.