Siguen los reclamos por la garrafa social

La polémica se desató días pasados tras la denuncia penal de los diputados de la Unión Cívica Radical, quienes acusaron a los funcionarios provinciales por incumplimiento en sus deberes de funcionarios públicos, posible complicidad y negociaciones incompatibles con sus cargos, ante las evidentes deficiencias en la aplicación del programa nacional garrafas para todos.

Según la denuncia, llegarían a la provincia alrededor de 70 mil envases de gas para distribuir entre sectores de bajos recursos, a un precio social de 16 pesos. El financiamiento de dicho programa proviene de la secretaría de Energía de la Nación.

Sin embargo, sólo cinco mil envases se estarían repartiendo al precio social, fijado por ley. Los restantes, afirman los legisladores, se comercializan a valores exhorbitantes, generando un negocio aproximado a los cinco millones de pesos.

El gobernador recogió el guante y descalificó la acción penal promovida por los radicales, asegurando que se realizó sobre datos falsos. El número de envases que llega a la provincia no es tal, afirmó el mandatario.

Ahora, son los vecinos los que salieron al cruce de Fellner y la política implementada para una tarea básica como la distribución de gas envasado que llega desde nación, quienes ratificaron que una garrafa de 10 kilos se comercializa a cien pesos en los barrios marginales de la capital jujeña.

Se trata sólo de un caso testigo, ya que, según la UCR, en el interior de la provincia se producen idénticas situaciones.