Los niveles de indigencia crecen exponencialmente, el hambre se apodera del futuro de las nuevas generaciones, esto sin contar que el narcotráfico está atravesando de manera brutal a todos los sectores de la sociedad y la inseguridad es un flagelo palpable e incontrolable. Esto por solo enumerar a los problemas que están a simple vista y frente a esta cuadro dramático una dirigencia política que vive ensimismada en su propio mundo, hablando solo de ella e intentando solucionar el problema de los políticos, que no pasa por otro lado que no sea el de permanecer en el poder.
Plan platita para destruir la actividad privada
Los argentinos estamos sumergidos en un pestilente mar de problemas, la descontrolada inflación, los salarios por debajo de la línea de pobreza, por lo menos en Jujuy.
Para seguir en el poder, sin importar el costo que a la sociedad le representa, la política argentina, de manare transversal a todos los sectores, salvo alguna honrosa excepción, ahora está abocada a consolidar el vasallaje que hasta ahora tan buenos resultados le viene dando, a los políticos pero jamás a la sociedad.
Hay dos noticias que inquietaron al sector formal de la construcción. El gobierno nacional con el guiño de la oposición está llevando adelante algunas medidas que favorecen y promocionan la contratación de cooperativas para obras públicas.
El Poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto 728/22 en el Boletín Oficial, en el cual se les brinda a las cooperativas a cargo de los movimientos sociales “el otorgamiento del 30 % de la obra pública nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta pesos trescientos millones ($300.000.000), monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación". Sin embargo, no todos los sectores se mostraron a favor de la medida.
Está más que claro que eso fomentaría, la competencia desleal en el sistema de contrataciones del Estado, que va a poner en riesgo la supervivencia de pequeñas constructoras.
La otra medida se gesta en las provincias, es la de habilitar a las cooperativas a que accedan a obras públicas equivalentes hasta 7.500 jornales (que en la actualidad ronda los $22 millones).
Van a terminar destruyendo a las empresas constructoras chicas, es la severa advertencia que lanzan las pymes de la construcción.
El primer punto a tener en cuenta y que marca la competencia desleal está en que los requerimientos legales para el funcionamiento de las cooperativas no se comparan con los que deben cumplir las constructoras, no solo ante el fisco sino también con respecto a la contratación de trabajadores.
Este esquema hace que las pymes de la construcción no tengan ninguna posibilidad de competir, partiendo de la base que las cooperativas no pagan los mismos impuestos y no son los mismos costos que manejan.
A esto le tenemos que agregar que las cooperativas que la política quiere que se hagan cargo de la obra púbica no tienen estructura para hacer obras. Les dan la posibilidad de que construyan, pero sin tener los medios para hacerlo.
Las obras públicas con presupuestos de hasta 7.500 jornales abarcan desde remodelaciones de escuelas hasta la construcción de tinglados o canchones deportivos.
La experiencia empírica indica que siempre estas son construcciones que no tienen la misma calidad, son obras que por lo general no se terminan, en tiempo y forma.
En ese sentido, CAMARCO, entidad madre de las empresas constructoras, emitió un comunicado de prensa rechazando enfáticamente esta iniciativa.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción afirmaron que “la consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas PyMEs constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores”.
Gustavo Weiss, titular de la entidad, explicó que en la industria de la construcción hay 20.000 empresas registradas que cumplen con todas las normativas, por lo tanto, compiten en desigualdad de condiciones con las Cooperativas.
Otro punto a tener en cuenta es que las Cooperativas no pagan cargas sociales por lo que tienen una ventaja en el precio de entre 42% y 45% al licitar por una obra pública.
En un duro comunicado la Cámara Argentina de la Construcción ratificó el camino de cambiar los planes sociales por trabajo decente, a la vez que aseveraron que es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o Cooperativas de Trabajo no formales contribuye a una ampliación, integra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública.
Es la experiencia acumulada la que indica que esa figura es usada para cometer un verdadero y generalizado fraude laboral, pues en infinidad de casos en todo el país, los supuestos cooperativistas no lo son, sino que son trabajadores dependientes encubiertos e informales, de esta manera se evaden los aportes y contribuciones al sistema sanitario y previsional por esos trabajadores.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción también enfatizaron que “esos trabajadores-pseudo cooperativistas pierden la protección de derechos laborales, ven peligrar su seguridad física en la obra, no acceden a la capacitación en el oficio y no tiene acceso al fondo de cese laboral, a una jubilación y cobertura de salud, entre otros beneficios de la formalidad laboral postulados por la Organización Internacional del Trabajo”.
Intentar sumar unos votos más no puede ni debe ser motivo para arrasar con la actividad privada, el plan platita tiene su costo que lo pagarán generaciones que aún no han nacido.