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Negocios en pandemia: Denunciaron penalmente a Morales, Rivarola y Fellner

Dos abogados del fuero local radicaron una denuncia penal en la Justicia Federal contra el gobernador Gerardo Morales, y los diputados Rubén Rivarola y Liliana Fellner por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. El documento hace hincapié en manejos irregulares de fondos que llegaron de Nación para combatir la pandemia y que hoy presentan un destino incierto.

  • Abogados del fuero local realizaron una denuncia penal en la Justicia Federal contra Gerardo Morales, Rubén Rivarola y Liliana Fellner.
  • Incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, los delitos que los acusan.
  • Rivarola es apuntado por la incompatibilidad de su cargo público y gerente de la clínica Fátima para haber realizado una contratación con el estado.
  • Mientras que Fellner, por la contratación de LAC NORTE S.R.L. en la realización de test PCR de manera monopólica.

Este miércoles, Fernando Iconomovic y Jorge Albesa, dos abogados del fuero local presentaron en la Justicia Federal una denuncia penal contra el gobernador Gerardo Morales y los diputados provinciales Rubén Rivarola y Liliana Fellner.

Los letrados los acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

Una contratación del gobierno en plena pandemia, se encuentra entre el principal foco de cuestionamiento. Se trata del contrato celebrado entre el estado provincial por intermedio del titular del Ministerio de Salud, en carácter oneroso, con la empresa Mater NOA S.R.L.

Dicha empresa se encuentra representada por una gerencia unipersonal, encarnada en la persona Rubén Armando Rivarola, quien a su vez es miembro parlamentario de la Legislatura Provincial ejercitando el cargo de diputado por el partido Justicialista.

Según exponen los denunciantes, Rivarola es un funcionario público, como consecuencia de su investidura legislativa y electiva, no puede ni debe ejercitar por sí o por interpósita persona (MATER NOA SRL), contratación alguna con el Estado provincial del cual el mismo es parte. Es decir existe una incompatibilidad intrínseca el cargo legislativo para celebra contratos con el estado provincial.

El art. 265 del Código Penal expresa que el funcionario que intervenga por si, o por interpósita persona o por acto simulado en razon de su cargo, en miras de obtener un beneficio propio o ajeno será reprimido con prisión o reclusión de 1 a 6 años.

Debe tenerse presente que la carga publica que demanda el cargo de diputado es incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia tal como lo expresa la Constitución de la Provincia de Jujuy en su Art. 107.

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Según expone el Boletín Oficial con fecha 24 de Agosto del 2020, el estado provincial ha efectuado una contratación con MATERNOA S.R.L., por la suma de $ 57.888.000 por 32 camas por el periodos de 67 días para la atención integral y específicas a pacientes de COVID-19 (leves y moderados) de obras sociales reconocidas por leyes nacionales y/o provinciales que el Ministerio de Salud derivare a la Clínica Nuestra Señora de Fátima de Palpalá.

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Además del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, según los abogados existen otros hipotéticos delitos, como por ejemplo la malversación de fondos públicos.

Exponen que tanto la Constitución Nacional Argentina como también la Constitución de la Provincia establecen y garantizan el derecho de igualdad de todos los ciudadanos y habitantes del suelo argentino y en particular el jujeño. Señalan con esto que, el estado provincial ha contratado camas en el sistema privado de salud para la atención de pacientes con covid-19 pero que tengan obras sociales. Es decir que la provincia ha pagado camas no para garantizar la salud pública sino para garantizar el patrimonio de privado de unos cuantos en perjuicio de la salud de los habitantes de la provincia que no tiene la posibilidad de contar con una obra social.

De los presentes hechos se desprende además el delito enriquecimiento ilícito. Los letrados remarcan que a la clínica Nuestra Señora de Fátima se le está pagando la suma de $57.888.000 pura y exclusivamente para que atiendan pacientes cuyas camas y tratamientos serán abonados por sus respectivas obras sociales, es decir a la clínica se le abonará 2 veces un mismo servicio una primera vez a cargo de la provincia y otra segunda vez a cargo de las obra sociales respectivas de cada paciente que se interne.

Se ha utilizado dinero del peculio provincial, se ha utilizado dinero público. Se ha utilizado dinero del peculio provincial, se ha utilizado dinero público.

Iconomovic y Albesa consideran que de lo denunciado respecto a Rivarola, le cabe la misma imputación a la diputada provincial LilianaFellner, respecto del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que no puede ni debe ejercer su profesión de manera particular ya que existe una incompatibilidad manifiesta en el ejercicio de un cargo público y el ejercicio de su profesión de manera liberal.

Ahora si, de acuerdo a la Constitución Provincial no puede ejercer su profesión de bioquímica de manera liberal claro está que tampoco puede contratar con el estado. Junto con su socio de la firma LAC NORTE S.R.L. han celebrado contrato directo con el Estado Provincial para la realización de test PCR de manera monopólica.

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En diálogo con Radio 2, el abogado Fernando Adrián Iconomovich, uno de los abogados que firmó la demanda, dijo:

Parte de una cuestión social, muchas personas asistieron a nuestro estudio para presentar este tema, esto motivó que con mi colega hagamos esta presentación. No hay partidismo alguno en esto, yo soy especialista en el derecho penal y veo conveniente ser útil a la sociedad, porque a todas luces estamos viendo una inconsistencia en el manejo de fondos públicos. Hablo del incumplimiento de los deberes de funcionario público del gobernador y algunos legisladores como Rubén Rivarola y Liliana Fellner. Parte de una cuestión social, muchas personas asistieron a nuestro estudio para presentar este tema, esto motivó que con mi colega hagamos esta presentación. No hay partidismo alguno en esto, yo soy especialista en el derecho penal y veo conveniente ser útil a la sociedad, porque a todas luces estamos viendo una inconsistencia en el manejo de fondos públicos. Hablo del incumplimiento de los deberes de funcionario público del gobernador y algunos legisladores como Rubén Rivarola y Liliana Fellner.

El destino de 57.888.000 a la clínica Nuestra Señora de Fátima, cuyo titular socio gerente unipersonal es Rubén Rivarola y Liliana Fellner la bioquímica necesaria como eslabón médico, es incompatible con los cargos públicos para los que fueron elegidos por el voto popular.

Es una situación grave. El Gobernador no puede no saber la situación y entonces hay una mala administración de caudales del patrimonio estatal. Un representante no puede ejercer como miembro de la Honorable Cámara De Diputados y a la vez ejercer en forma particular como es el caso de Liliana Fellner. Es una situación grave. El Gobernador no puede no saber la situación y entonces hay una mala administración de caudales del patrimonio estatal. Un representante no puede ejercer como miembro de la Honorable Cámara De Diputados y a la vez ejercer en forma particular como es el caso de Liliana Fellner.

"Hemos incorporado pruebas para que quede tangible lo que estamos denunciando, aportando un plexo probatorio que es de importante ayuda para que el fiscal pueda develar si hay un ilícito o no, para mí lo hay. El fiscal investigara y activará los mecanismos a fines de concretar la imputación. Esto es un punto de partida"

"Vamos a accionar en la justicia provincial y en función de la competencia de fueros, entenderá el fiscal si se va a incorporar a la justicia federal." concluyó Iconomovich.

En síntesis, por lo que se puede apreciar de los distintos hechos hasta acá transcriptos se han violado otra vez numerosos tipos penales, por funcionarios públicos pertenecientes al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de la Provincia de Jujuy, quienes por su función no pueden ni deben excusarse en el desconocimiento del derecho por otro lado dado que poseen fueros, corresponde pedir los respectivos desafueros.

La denuncia penal

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