Mireya Sosa: “La ingenuidad no es una excusa, deben asumir responsabilidades”

La obra carece de un plan técnico aprobado por una resolución de la Dirección de Vialidad, donde no hay expedientes al respecto. Tampoco se realizó un proceso legal para asignar fondos públicos, tanto de las arcas de municipio, como de los aportes que resigna la comunidad, cedidos al Mercado Cooperativo a cambio de obras y mejoras.

El aval de la obra la brinda una ordenanza considerada como “inconstitucional”, aprobada en el 2008, porque tiene medidas retroactivas al 2007, respaldando un decreto unilateral contrario a las disposiciones de la Carta Orgánica de Perico, por el cual la Cooperativa de Feriantes pasó a disponer de los recursos que genera la administración del mismo.

Hace unos días, el presidente de la Feria Mayorista, Ernesto Ramírez reconoció que la Institución junto con el municipio, por disposición de la ordenanza 789/2011, son los agentes financieros que sustentan la obra del acceso a la Feria Mayorista, a lo que él denominó: “esfuerzo”, refiriendo al  aporte de recursos públicos.

“Nadie en Perico se opone a que se realicen trabajos que descompriman el tránsito y sobre todo se proteja la vida de los transeúntes y vecinos del Barrio Santa Rosa, donde ya hubo, un año atrás, una víctima en el interior del Mercado Cooperativo” recalcó la concejal Sosa.

Pero, los abusos en cuanto al proceder fuera del estado de derecho, la llevaron a cuestionar los pasos dados. “Desde el espacio político que integro celebramos todas las acciones que promuevan mejoras y el progreso en nuestra comunidad, siempre que se realicen conforme a las disposiciones que la ley exige. El señor Ramírez tiene razón cuando dice que hay una ordenanza que autoriza al municipio a decidir las acciones que lleven a dotar a la Feria Mayorista de una colectora que descomprima y libere al Bº Santa Rosa del denso tráfico vehicular, situación que aprobamos se corrija, pero no podemos aceptar. Los concejales que aprobaron esa ordenanza dieron facultades extraordinarias al ejecutivo,  fuera de los deberes que tienen como legisladores, donde el control no se puede delegar”, manifestó Sosa.

Recalcó que en el 2008 aprobaron una ordenanza sin solicitar  la ratificación en el Concejo Deliberante de los planes y procedimientos establecidos por el ejecutivo. La modalidad de la ordenanza es similar a la emisión de un cheque en blanco, lo cual no es coherente, sobre todo, para dos concejales que tildaron de corrupto al ejecutivo local en más de una decena de oportunidades y presentaron entre ambos no menos de cuarenta pedidos de informes, justamente porque aseguran que hay hechos oscuros en la administración, pero sin embargo en esa ordenanza no disponen de los procedimientos establecidos para una obra pública, como la licitación , la presentación de la carpeta técnica y apego a la ley de contabilidad”.

La edil resaltó que “la ordenanza que se aprobó ni siquiera posee un croquis, a pesar que  dice adjunto en el artículo 1º / 789/2011, lo que revela la liviandad del compromiso legislativo. Ahora uno de los concejales que aprobó tal ordenanza manifiesta ingenuidad, dice que esperaba otro procedimiento, que fue engañado.  Eso no es ser ingenuo, eso se llama irresponsabilidad e incumplimiento de los deberes de funcionario, ya que no sólo omite establecer o sugerir las leyes de la contratación pública, sino que afirma dos años después su falta de idoneidad, al manifestarse ingenuo, adjetivo  tal vez permitido a un ciudadano desprevenido, o para un niño que no está sujeto a disposiciones obligatorias, pero no cabe la excusa en un funcionario público que juró defender los intereses de su comunidad”, concluyó Mireya Sosa.