Los barrios populares serán a partir de ahora la principal preocupación del estado nacional, dijo este sábado el presidente Alberto Fernández, debido al riesgo que suponen las condiciones precarias de vida que llevan quienes allí viven.
Un decreto, 2670 de 2015, definió a los barrios populares como aquellos sitios en donde se asientan de 8 familias en adelante, sin título de propiedad y sin dos de los tres servicios que se consideran esenciales para que vivan las personas: acceso al agua potable de red, a cloacas y energía eléctrica con medidor.
Con el objetivo de atender la situación de estas áreas, normalmente nombrados como villas o asentamientos, el gobierno creó en el año 2017 el registro nacional de barrios populares (RENABAP), que se propuso identificarlos en todo el país.
El resultado fue que en las condiciones descriptas hay identificados, desde aquel momento, al menos 4.416 en todo el país. De ellos, 92 están en Jujuy.
En la provincia, los barrios ubicados se distribuyen en San Salvador de Jujuy, Fraile Pintado, Perico, Chalican, Palma Sola, Ledesma, Santa Bárbara, Santa Clara, Tusaquilla, Barrancas, Pampa Blanca y Monterrico.
Esto no quiere decir que sean los únicos, pero sí los que relevó el gobierno nacional.
En octubre de 2018, el Congreso aprobó la ley de regularización dominial para la integración socio-urbana de los barrios populares.
Tenía como objetivo volcar un presupuesto de 25 mil millones de pesos de aquel entonces en todo el país para dotar de condiciones mínimas de infraestructuras en esos lugares.
El Poder Ejecutivo sin embargo nunca destinó partidas presupuestarias para el programa, pese a que la norma se encuentra en vigencia.
Con los casos de coronavirus aumentando a un ritmo preocupante en el área metropolitana de Buenos Aires, el gobierno puso el foco de su atención allí. La precariedad facilita el contagio.
En Jujuy la circulación de COVID 19 está controlada y eso le permite al gobierno mostrarse como un caso de éxito que, según los funcionarios provinciales, exporta protocolos de manejo de la pandemia a otras provincias.
Sin embargo, hay organizaciones sociales que advierten que la pobreza estructural en los barrios de las localidades señaladas en el RENABAP debe ser atendida con urgencia: allí lo que acecha es el dengue.
Uno de los dirigentes que señaló esta situación es Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, enemistado públicamente con el gobernador Gerardo Morales.
Fue Grabois quien le pidió al gobernador jujeño que impulse la adhesión a la ley que se ocupa de la infraestructura en los barrios pobres.
La provincia reconoció a fines de abril que atravesaba el peor brote desde 2004 y advirtió a la población. Hoy ya se superan los 5 mil casos.
Pero al margen de la situación sanitaria, el gobierno provincial expone políticas generales de atención a la pauperización en la provincia, aunque evita explicar planes con políticas concretas. Menos aún, plantea objetivos que puedan esperar resultados en un período de tiempo.
PLASONUP, Jujuy Asiste y Reactiva, Comer en Casa, entre otros, han sido slogans que sirvieron para el vuelco de grandes presupuestos de los que no hay rendición de cuentas ni de resultados alcanzados por la inversión.
En medio de la pandemia, los 92 barrios populares o asentamientos relevados en RENABAP siguen siendo un dato de la realidad de pobreza consolidada en amplios sectores de la población local.
