“Lo que se escribe con la mano, los funcionarios no lo pueden borrar con el codo”

Luego de la violenta jornada del pasado 9 de diciembre en la que Jujuy se vio envuelta en una ola de saqueos a cientos de comercios a causa de un acuartelamiento policial en reclamo de un aumento salarial que se generó como “efecto dominó” a raíz del mismo problema en la provincia de Córdoba, el Gobierno provincial se vio acorralado ante el caos generado y finalmente firmó un acuerdo con el sector policial que establecía que el sueldo inicial de todo policía sería de 8.500 pesos, logrando de esta manera una suba más que importante en sus ingresos.

Las reacciones a tal medida no se hicieron esperar, ya que el resto de los trabajadores estatales pusieron el grito en el cielo ante tal medida y solicitaron que esa misma suma sea considerada para cuando se abran las paritarias para los diferentes sectores estatales.

En este sentido, la Intersindical picó en punta y, antes que ningún otro sector gremial, levantó la bandera de los 8.500 pesos de sueldo básico, aunque aseguran que esa cifra no está basada simplemente en el acuerdo policial sino en estudios económicos que así lo demuestran.

Los gobernadores de las distintas provincias en las que se levantó la Policía para pedir un aumento se vieron ante una situación que no imaginaban ni remotamente y se empezaron a preguntar cómo harían frente ante un compromiso de tamaña magnitud económica, ya que sabían que el resto de los gremios solicitarían lo mismo que la Policía. No hace falta ser adivino para darse cuenta que las cajas provinciales no están en condiciones de asumir tal gasto.

Es por ello que, en una cumbre de gobernadores K, se empezó a barajar la posibilidad de que los mandatarios provinciales desconozcan los acuerdos con las policías provinciales con el aval del Gobierno nacional y asumiendo el costo político que conllevaría esa decisión, pero preservando las finanzas provinciales que los llevaría a endeudarse aún más con la Nación.

Estas versiones no cayeron nada bien en el ámbito policial, donde se maneja incluso la posibilidad de volver a salir a la calle a reclamar al Gobierno por incumplir el compromiso asumido, lo que podría generar otra situación de caos en distintos puntos del país. Sin embargo, aseguran que esta vez sería Gendarmería, Prefectura y hasta el propio Ejército quienes eventualmente aseguren el bienestar y la seguridad ciudadana en caso de una revuelta policial.

Al respecto, el policía retirado, Comisario Mayor René Calpanchay, explicó a Canal 2 que “hay un profundo malestar en toda la familia de la Policía, los policías que están en actividad han sido presionados y están cumpliendo sus funciones. En ese sentido, creo que la ciudadanía debe saber que la policía va a estar cumpliendo siempre con sus funciones en la calle”.

“Los que estamos preocupados somos los retirados que, de alguna manera, somos los que hacemos de nexo para que alguna vez se escuche el incumplimiento y la irresponsabilidad que llevó a esta situación”, sostuvo.

Asímismo, Calpanchay señaló que “las que están preocupadas son las esposas (de policías) que están pensando si esto vuelve para atrás cómo van a hacer para dar de comer a sus hijos, cómo van a hacer para mandar al colegio a sus hijos, cómo van a hacer para atender necesidades básicas y elementales de cualquier ser humano en el mundo”.

“Nosotros estamos más preocupados porque lo que se escribe con la mano, hoy los funcionarios no lo pueden borrar con el codo, es una situación de desgobernabilidad (sic) que creo que los argentinos no nos merecemos. De verdad estamos muy sorprendidos, de hecho hoy (por el viernes) nos desayunamos con esta noticia y ya mucha gente consulta y pregunta qué es lo que se va a hacer”, indicó.

El Comisario Mayor retirado aseguró también que “esto es sumamente grave porque aquí lo que tenemos que hacer con lo que ha sucedido en Jujuy fue recuperar la convivencia armónica entre quienes gobiernan, entre los que somos gobernados, los trabajadores y el resto del pueblo. Creo que la necesidad tiene cara de hereje, pero también decían que hablando se entiende la gente”.

“Hace poco escuchamos decir al Papa que ‘hagamos lío para revertir estas situaciones’, que no debemos permitir la ilegalidad, lo que es la violencia encubierta, o lo que es peor: cómo se oprime a sectores que no pueden reclamar, en este caso, la Policía al quitársele el derecho a huelga. Como no puede hacer huelga, entonces no puede reclamar por sus derechos”, dijo.

Calpanchay manifestó además que “la cuestión ilegal de fondo es lo que dicen que los gobernadores han actuado bajo presión, que nos miren a los ojos y nos digan que hace 20 años por lo menos el Gobernador de Jujuy sabe perfectamente que un agente de policía cobra 279,35 pesos de sueldo básico. ¿Con eso alcanza para cubrir las necesidades humanas que son necesarias para cualquier familia? Entonces no han actuado bajo presión, sino bajo recuerdo porque los policías no han hecho más que recordarle una cuestión inmoral que debemos revertirla entre todos los jujeños porque los policías también somos jujeños, queremos a nuestra provincia, tenemos a nuestros hijos acá y no nos vamos a ir de esta provincia”.

“Hace una semana vimos un acuerdo de paz que es bueno en la intención y el deseo, pero nosotros creemos que ese acuerdo de paz se debe hacer generando acciones concretas, es decir preocuparnos ante la realidad, los jujeños necesitamos saber cuál es el presupuesto que maneja la provincia de Jujuy y, de esa manera, nos sentemos en una mesa de diálogo todos los actores, policías, gremios, empresarios, industriales y todas las entidades que tienen actividad dentro de la provincia para ver cómo logramos reordenar. Para nada sirve firmar un acuerdo si mañana se deja sin efecto”, concluyó.