La trata de personas y sus nuevas forma de esclavitud fue abordada por DDHH

La jornada se realizó en el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer y se hizo hincapié en la prevención, asistencia a víctimas de Trata y acciones a seguir en la consecución del delito.

En la jornada inaugural del día jueves, disertaron por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el licenciado José Manuel Grimma, Coordinador Programa de Apoyo de la Participación Social en la vigilancia ciudadana, en el cumplimiento de los DESC; por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, la licenciada Vanesa Lorenzetti y un representante por la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual.

En tanto que en la jornada del viernesp desarrollada, en el Salón Auditorio “Dr. Rafael Hugo Reyes”, del Colegio de Abogados, las disertaciones estuvieron a cargo del doctor Marcelo Colombo, Fiscal General de UFASE (Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas); el licenciado José Manuel Grimma, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; la licenciada Vanesa Lorenzetti, del Programa Nacional de Rescate, y por la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos.
 
Respecto a esta actividad, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natacha Freijó, sostuvo: “desde la Secretaría de Derechos Humanos, empezamos a trabajar el eje de género, específicamente enfocándonos en la trata de personas, que es la nueva esclavitud del siglo XXI. Decidimos reflotar este tema con unas jornadas para informar a la comunidad en general sobre cuáles son las estrategias de la nueva ley de trata y los recursos que tenemos en caso de asistencia a la víctima de trata”.

Recalcó en este sentido, que la Secretaría tiene un registro de niños perdidos; “Hay una ley provincial la 5661, a la cual vamos a dar más difusión este año, que justamente impone la obligación de tanto de autoridades judiciales como administrativas de dar información a este registro de niños y niñas extraviadas.  No tenemos una cifra cierta y valida porque los informes varían de mes a mes y además no toda información de las denuncias de fuga  de hogar, no son remitidas al registro. Aproximadamente tenemos unos 20 chicos al mes, e indudablemente pueden ser más. Hace falta aceitar los canales de información entre el registro y los juzgados y comisarías” reconoció.

Por su parte, Marcelo Colombo el Fiscal Coordinador de la Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), respecto a la problemática de trata de personas dijo que “desde la sanción de la ley de trata del año 2008, que luego fue reformado el año pasado, se han abierto en el país una buena cantidad de casos de trata. Nosotros tenemos un registro de arriba de 2.000 casos, de los cuales hay ya en estado de finalización con condena casi 70 casos en todo el país”.

“Las mediciones que tenemos desde la  UFASE en los procesamiento estamos en el orden de 350 o 400. Esto no es algo que nos llene de orgullo en cuanto a que tenemos el problema resuelto, ni muchísimo menos. Lo que sí se puede decir que la sanción de la ley en el 2008 y la existencia de ciertos dispositivos federales y también desde la UFASE contribuyeron a que se visibilice mucho más el delito, y que las agencias judiciales empiecen a tratarlo a administrarlo y a generar jurisprudencia y condena”, comentó.

Colombo dijo que a partir del caso Marita Verón de Tucumán y la resolución de ese caso, sirvió como envión para que se reforme la Ley de trata.

“Una de ellas es que se debería dejar de discutir el famoso consentimiento de la víctima mayor de 18 años para ser explotada. Esta cuestión si bien suena bastante lejana del sentido común, muchos jueces la terminaban aplicando, como si una persona podría decir que está en situación de ser explotada feliz”.

Para el especialista, existe un protocolo que debe seguirse en estos casos. “Cómo se trabaja con esto. Primero que nada reconocerlo, registrarlo, tener como telón de fondo que en cualquier caso de trata, supongamos que uno va hacer un allanamiento a un prostíbulo, siempre puede existir una alta probabilidad que la seccional que tiene jurisdicción en el lugar, las inspecciones municipales e incluso la misma justicia local, pueden llegar a tener alguna participación o vinculación con esos lugares, porque los prostíbulos están prohibidos desde el año 1937 y por lo tanto si existe en algún lugar que se llame de alguna otra manera pero que es un prostíbulo, y se avise como prostíbulo para que pueda traer eventuales clientes, esto no puede ser desconocido por la gente del lugar”.

Finalmente recalcó que “se trata de trabajar en estos casos, con grupos bien individualizados, con la Justicia Federal. Se hacen allanamientos con Gendarmería o con Policía Federal; no avisarle ni a las agencias policiales ni municipales cuando haya un allanamiento, hasta que el fiscal se encuentre en el lugar. Hay determinados recaudos que forman parte de algunos protocolos de actuación que nosotros sugerimos a los fiscales y que son absolutamente necesarios para poder tener algún resultado provechoso”.