Nuevamente, los choferes de colectivos cortaron el servicio de transporte. Los conflictos en el área continúan y el motivo principal es la falta de pago y el pedido de adelantamiento de los subsidios para concretar la acreditación de sus haberes.
Las demoras en el pago de salarios, que no son algo nuevo, y también el incumplimiento con los aguinaldos vuelven a instalar la tensión en un año complicado y genera enfrentamientos dentro del sector.
Si bien el gobierno de la provincia dictó conciliación obligatoria, este fin de semana hubo reuniones pero las negociaciones fracasaron y desde el gremio y los mismos choferes se tomó la determinación de continuar con la medida de fuerza.
Los trabajadores del volante remarcan que son conscientes de que, con su decisión, hay miles de usuarios que son perjudicados. Piden disculpas por ello, pero no encuentran otra forma de reclamar por el trabajo que ya prestaron y no les pagaron. Hablamos de deudas que se remontan al 2020.
Por su parte, los usuarios, con cierto recelo, entienden el reclamo de los choferes, pero es inevitable desconocer el perjuicio que genera en la economía diaria de quienes utilizan este servicio que es esencial.
Uno de los puntos del conflicto es la distribución arbitraría que tiene el esquema de subsidios y las diferencias que hay entre provincias.
El gobierno de Morales, a estas alturas ya un experto en cargar culpas en otros, tiene una intervención mínima en el conflicto y no plantea soluciones concretas para desactivar un problema que paraliza a la provincia con más frecuencia de la esperada.
Según el legislador nacional por Jujuy, Jorge Rizzotti, Nación decidió modificar el criterio de distribución de los montos, algo que todavía no fue formalizado y, por lo tanto, las provincias no pueden saber cuánto recibirán. el diputado argumentó que, días atrás, la nación anunció que enviaría $400 millones más, por una distribución de $15.000 por persona, según compromiso asumido entre febrero y marzo de este año.
En la última sesión de la Legislatura provincial, el FIT solicitó informe sobre empresas de colectivo en Jujuy. El diputado Alejandro Vilca pidió que se les exija a las empresas de colectivos información sobre los subsidios e ingresos que reciben y el destino de los mismos.
Lo cierto es que este conflicto se arrastra desde 2019, poniendo en jaque a otras actividades económicas. La capacidad o voluntad para gestionar una solución y que este problema no se repita sistemáticamente, no aparece.
En tan solo un par de años, Jujuy volvió a registrar un paro de casi una semana. La problemática deja muy en claro que hay dos cuestiones: empresas que por años se enriquecieron sin invertir en un servicio de calidad y que hoy pretenden seguir prendidos al Estado, y un gobierno que carece de la previsión necesaria para garantizar la normalidad para sus ciudadanos.
