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La Fundación “Niños Pájaros” denuncia connivencia policial en la usurpación de un terreno

El terreno donde funciona la fundación fue ocupado por un policía que asegura ser el dueño. La Justicia falló a favor de la fundación y ordenó el desalojo de este hombre. La Policía nunca hizo efectivo el desalojo.

Hace un tiempo se conoció el conflicto que mantiene la Fundación “Niños Pájaros” de Alto Comedero con un hombre que se asentó en el terreno donde funciona la fundación y donde realizaba actividades educativas y recreativas para los niños que asisten allí.

Este hombre es de profesión policía y las autoridades de la fundación denuncia una connivencia por parte de la comisaría del lugar que no ha tomado cartas en el asunto. Debido a esta situación, la fundación inició acciones legales para recuperar el terreno. Hace poco, el juez que entiende en la causa emitió una orden de desalojo para este policía, a pesar de ello esta orden no se cumplió y el hombre sigue viviendo en el lugar.

No obstante ello, el hombre asegura qué él vive en el lugar desde 2003 (lo cual no sería cierto) y que es el dueño de ese terreno y de otros aledaños, ocupados por otras familias.

El presidente de la Fundación Niños Pájaros, Sebastián Fernández, comentó a Radio 2 la situación del conflicto y denuncia a la Policía por no actuar en contra de este sujeto por su pertenencia a la institución policial.

“Nosotros hemos decidido avanzar y adoptar todos los caminos legales, acciones legales, acciones civiles y hemos presentado las correspondientes denuncias ya que el usurpador es un policía que ha amenazado a compañeros con arma reglamentaria y que ha utilizado las construcciones que nosotros teníamos allí, ha utilizado las construcciones como base para realizar sus propias construcciones, ha utilizado nuestra ventana como cucha del perro, nuestra puerta como mesa y creemos que, por su condición de policía, hay una connivencia con la institución policial”.

“Hemos esperado que se den los caminos legales, el juez ha fallado emitiendo una orden de desalojo, el fiscal emitió una orden a desalojar, luego el juez emitió la orden de desalojo pero la Policía no cumplió con esa orden de desalojo con la excusa de que había muchas personas allí, nosotros tenemos conocimiento de que la Policía ni siquiera se apersonó al lugar. Creemos que la ‘familia policial’ se está protegiendo, está vulnerando nuestros derechos y nuestras posibilidades de las actividades que realizábamos allí como torneos deportivos, la granjita comunitaria y una cantidad enorme de actividades que lamentablemente hoy se van cercenando”, señaló.

Fernández también indicó que “allí teníamos un torneo de fútbol que se tuvo que trasladar al barrio Agustín Tosco, un poco más alejado de la zona. Por suerte otras actividades como la científica sí se realizan. Esto significa tener que limitar las actividades, sobre todo llegando a fin de año cuando mayor necesidad hay a medida que van terminando las clases, para poder realizar actividades educativas y recreativas”.

“El terreno está ubicado en las 30 Hectáreas, detrás de la Asociación Gaucha, tiene una dimensión de una hectárea y está parcelado, allí está la familia Gaspar y el Consejo de Liberación y Desarrollo Ambiental. Este policía ha tratado de confundir a la opinión pública indicando que todo el lote es suyo, incluso tratando de desplazar a todos los demás ocupantes, incluso tenemos el croquis de la falacia de esta persona que dice ocupar el terreno desde 2003, siendo que cuatro meses antes de cuando él usurpó el terreno nosotros tenemos convenios firmados para hacer construcciones”, sostuvo.

Y añadió que “nosotros seguimos apostando a mantener los canales legales, el problema es que ya se han agotado porque el juez emitiendo una orden de desalojo es lo máximo que puede realizar porque representa la devolución y restitución de nuestros derechos sobre el terreno y las condiciones en que estaba previamente”, finalizó.

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