"Gremios deben pedir inconstitucionalidad de jubilaciones compulsivas"

El letrado, aseguró que la aplicación de los decretos N° 4815 y 4816 donde se reglamenta la Ley 5.748 de jubilaciones compulsivas, es totalmente inconstitucional y viola tratados internacionales que hablan de la dignidad de las personas.

En conversación con Radio 2, Massaccesi aseguró que “sin duda es una jubilación compulsiva, en realidad la ley es del año 2012, pero hace pocos días el gobernador saca el decreto que reglamenta la ley con un anexo. En términos claros, lo que dice la ley y el decreto, que el empleado público, sin hacer distinción de ninguna repartición, abarca a todos, está obligado a jubilarse una vez que tienen los requisitos para hacerlo. Pueden jubilarse con 30 años de servicio, los hombres con 65 años de edad y las mujeres con 60. En realidad la ley de jubilaciones también dice que las mujeres pueden optar por continuar su actividad laboral hasta los 65 años de edad, por una cuestión de igualdad de género con los hombres”.

Recalcó que en este punto se presenta la primera violación a la Constitución. “Desde mi punto de vista tenemos una ley y un decreto que contradicen una ley nacional. La cuestión previsional es de exclusiva competencia del Congreso de la Nación, de tal manera que es inconstitucional como primer punto en este caso”.

Aclaró que “no toda norma, ley o decreto necesariamente es legal o constitucional, se puede cumplir con el fondo de legalidad, pero en el fondo como en este caso puede ser inconstitucional”.

La segunda circunstancia de inconstitucional, se da cuando la persona pasa después de los 65 años y debe jubilarse y tiene que ver con la dignidad de las personas, consagrado en los tratados internacionales, con fuerza constitucional. “Concretamente se vincula con el haber jubilatorio, un empleado de la administración pública en términos generales en promedio cobra entre 6.500 y 7.000 pesos en actividad y cuando esa persona pasa a jubilarse en una gran cantidad ni siquiera es el 50% de lo que perciben. Esto hay que engancharlo con algo, que es el salario mínimo vital y móvil, que es lo necesario para la subsistencia en lo mínimo, vestimenta, alimentación, vivienda, ese salario es de 3.600 pesos y hay que ser bastante imaginativo para vivir con ese salario al día de hoy. Estamos hablando de que el estado provincial obligaría al empleado público a pasar a ser pobre o desempleado” apuntó.

Para Massaccesi, hay más violaciones a normas constitucionales. “El Estado puede notificar diciéndote aquí esta tú certificado de trabajo. Si al año no estás jubilado o no iniciaste tu trámite el Estado te despide. Pasa a ser una causa de despido. La violación constitucional está aquí, tenés normas internacionales que hablan de la dignidad de la persona, del derecho al salario, al trabajo, a la alimentación a la dignidad. Si vos coactivamente, y aquí está el punto de inconstitucionalidad, le obligás que elija entre pasar a ser despedido, o ser pobre, es lo inconstitucional. Otro sería la circunstancia si el haber jubilatorio fuera diferente”.
 
Recalcó que tampoco se trata de blanquear los salarios de los últimos cinco años. “No se trata de que el Estado este mes diga que vamos a blanquear el total del salario. Lo que hace el ANSES es un promedio del haber jubilatorio de los últimos 10 años, entonces si tenes un salario muy bajo y a su vez una cantidad importante de rubros salariales se pagan en negro, que son los denominados no renumerativos no bonificables, tenes salarios por debajo de la mitad que cobra la persona en actividad y por debajo del mínimo vital y móvil”.

Finalmente aseguró que las notificaciones recién empezarán a regir desde julio del 2014 cuando salgan las nóminas de las personas que están en estas condiciones. “Es probable que tenga una avalancha de denuncias contra el Estado provincial. Igualmente los jujeños somos bastantes sumisos con una cantidad de injusticias importantes. Si habrá una avalancha de demanda, se verá”.