El ministro de Desarrollo Económico, Exequiel Lello, por su parte, añadió que tal decisión se da “en los términos del decreto presidencial” y enumeraba que estarían habilitados “comercios de cercanía, oficios y profesiones liberales, obra privada, deportes individuales, gastronomía a través de delivery”.
Se entendía entonces que los locales gastronómicos iban a ser los más afectados por las nuevas restricciones.
La reacción de decenas de comerciantes fue casi inmediata, con un bocinazo frente a Casa de Gobierno, rechazando la medida. En la jornada siguiente, fueron más allá: cientos de comercios decidieron abrir sus puertas en San Salvador de Jujuy y en Palpalá, las dos ciudades alcanzadas por la medida, rechazando la decisión y cuestionando fuertemente el desempeño de los funcionarios en el Poder Ejecutivo. Los comercios decidieron abrir igual.
Frente a semejante desautorización, el ministro Lello decidió “aclarar” la situación a través de Canal 4 y Canal 7 de Jujuy. Allí indicó que “los comercios están autorizados, estamos trabajando un esquema de evitar salir de los barrios, si es que uno tiene la posibilidad, adquirir ese producto en el propio barrio”. El nivel de confusión aumentó.
Un fenómeno, sin embargo, a esa altura quedaba claro: el gobierno dio una orden por decreto que cientos de ciudadanos desobedecieron.
La legitimidad es una condición imprescindible en la representación de la ciudadanía a través de cualquiera de los tres poderes del Estado. Por más encumbrado que sea el dirigente que tome decisiones o dicte medidas, es necesario que una porción considerable de la ciudadanía preste consentimiento a sus directivas.
Luego de ser el primer sistema sanitario que desbordó en el país, la gestión de Gerardo Morales, así como el desempeño de sus ministros, ha quedado severamente desgastada ante parte de la población.
Hay una pregunta que retumba en cada queja: si durante 3 meses se dictó un estricto aislamiento para ganar tiempo, retrasar la circulación del virus y fortalecer el sistema de salud ¿qué fue lo que falló?
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Morales, Bouhid, Gutiérrez, las caras del COE en Jujuy.
El sistema sanitario que debía fortalecerse con la ampliación de las Unidades de Terapia Intensiva, la incorporación de profesionales idóneos y la realización de testeos masivos, finalmente colapsó en dos semanas.
El número de fallecidos eleva la tasa de letalidad por COVID 19 a 2,8%, superior al promedio nacional y hubo personas que murieron en sus casas o en una cama común esperando atención de mayor complejidad en salas de terapia intensiva.
Esa situación es la que los comerciantes - y otros sectores de la población – le exigen a Gerardo Morales y su equipo que expliquen antes de acatar cualquier nueva orden.
La pérdida de autoridad es un fenómeno peligroso para cualquier gobernante, pero es particularmente riesgoso en una provincia como Jujuy, con un pasado reciente de inestabilidad institucional.
Frente a eso, el gobierno en general, y el gobernador en particular, se ve en la necesidad de advertir que el estilo imperativo, con sesgos autoritarios, voluntad hegemónica y soberbia frente a las críticas y las disidencias, está chocando con un límite: los malos resultados de gestión.
Eso, un escenario normal, redundaría en un desempeño mediocre para la realización de obras o la prestación de servicios, pero durante una pandemia tiene como resultado la pérdida de vidas humanas.
Semejante escenario casi que obligan al gobernador a corregir estilos y formas pero también el contenido de sus políticas, prescindir de colaboradores desgastados e incorporar idóneos. Mientras más rápido lo advierta, mejor suerte tendrá en la salida del delicado contexto en el que se encuentra, en el que muchos, disconformes, dejaron de tomarlo en serio.
