Familia de Tilcara denuncia desalojo compulsivo de tierras fiscales
La familia Montoya denunció públicamente el desalojo de un terreno fiscal, que ocupan hace casi cincuenta años en el Paraje Pucará, departamento de Tilcara, ordenado por la jueza Marisa Rondón.
Según expresó Claudio Martoreli, en Radio 2, su suegro, don Dionisio Montoya y su familia, desde el año 69 viven y trabajan esas tierras. En el año 1977 se inició el expediente para la regularización dominial, ante la Dirección de Tierras Fiscales, hoy Instituto de Colonización.
El último jueves, una gran cantidad de efectivos policiales llegó al lugar a fin de hacer efectiva una orden de desalojo emitida por la jueza Rondón, que finalmente no se pudo cumplir por la resistencia que opusieron las cinco familias que residen en el lugar.
“Don Montoya comienza en el año 69 a vivir, más adelante conoce a Edgardo Álvarez Prado, se hace amistad; en un momento le hacen firmar un contrato de alquiler, cuando él no sabía leer. Álvarez Prado, trabajaba en la Dirección de Inmuebles y sabía de la finca, que era tierra fiscal. En el 97 Alfredo Silisque, del Instituto de Colonización da lugar al pedido para la regularización del lote y se autoriza el inicio de los trámites de adjudicación. Posteriormente Álvarez Prado inicia una causa de prescripción y pide el desalojo y para ello presenta una escritura de 1911, que lo único que dice es que se trata de una finca ubicada en el paraje Pucará sin extensión ni límite. Nombra personas de vecinos y desde esa fecha no se sabe si viven o no esos vecinos” relata Martoreli.
Agregó que “Montoya desde el año 77 está haciendo la regularización de la tierra en el Instituto de Colonización. Solicitamos a la jueza que pida a la Provincia informe sobre la titularidad de las tierras, que figuran en inmueble como tierras fiscales. No lo hizo y no puede dar un desalojo a favor del Álvarez Prado cuando no se sabe cuál es la finca de ellos”.
La jueza Rondón se presentó en la jornada de ayer (por el jueves) para hacer el desalojo. “Hace una inspección ocular y en base de todos los papeles presentado por los Álvarez Prado y con un plano de prescripción, lo cual no tiene validez” afirma Martoreli.
Martoreli recordó también que Edgardo Álvarez Prado muere en el 2010, luego fallece el hijo en abril 2012 y en octubre del mismo año la esposa. Queda la nuera con dos nietas o hijas menores de edad y aparece una hija extramatrimonial. “Pero por casualidad el administrador de todo el sucesorio es el hermano de Álvarez Prado y la propia nuera que es la única heredera de todo, junto con la hijastra no saben nada de la administración de la finca y la nuera le dice a mi cuñada ‘yo no sabía lo que estaba pasando’”.
El desalojo a favor de Álvarez Prado es iniciado por el doctore Gustavo Fiad con la jueza Marisa Rondón. “Se hablan por celular como si nada, debería ser más imparcial. Hace unos cuatro años atrás, estábamos construyendo un garaje en la casa y fue ella con el doctor Fiad, no con los abogados de nuestra parte y estaban interrogando a mis hijos que eran menores de edad. Salió la niñera que tenemos y la echó a patadas porque no puede ir sin notificar a las partes y a indagar a los menores”, afirmó el hombre.
Los familiares de Montoya adelantaron que van a pedir el juicio político a la jueza Marisa Rondón. “Comentó a la gente que yo quise sobornarla con ‘nueces’ y se lo dijo a personas importantes. Sentimos que hay algo turbio en todo esto, porque no puede ser que se hayan buscado las pruebas necesarias y se haya hecho un desalojo con un plano de prescripción. Lo que necesitan ellos es sacarnos a nosotros para iniciar la prescripción, porque iniciaron el trámite con una escritura de 1911. La única forma de hacerlo es sacarnos a nosotros y estar viviendo ellos allí, pero la juez hizo todo lo contrario” afirmó Delfina Montoya.
Dionisio Montoya, pidió que la jueza se haga un lado, se revea la situación y se reconozcan los años que tienen viviendo en el lugar.
“Tenemos casas construidas y no tenemos donde ir. Allí están mis hermanos con sus hijos, hay una mujer embarazada. Sabemos que estamos luchando contra un apellido, pero queremos que nos escuchen. También pedimos la nulidad de las actuaciones y que se aparte de la causa” recalcó la muejer.