CODELCO advierte irregularidades en aumentos tarifarios

A pesar de la advertencia, la funcionaria no tenía conocimiento del aumento tarifario que aprobó el municipio capitalino para la Empresa Limsa.

Al ser consultada por Radio 2, sobre el nuevo cuadro tarifario aprobado por el municipio capitalino, para la empresa Limsa, prestataria del servicio de limpieza y recolección de residuos, adujo desconocer dicho instrumento legal,  pero que si existe, está fuera de los parámetros de la ley.

Según Chalabe “Hasta ahora no fuimos invitados” refiriéndose a las rondas de consultas que va a realizar la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante para el llamado a la licitación del transporte de pasajeros.

Agrega también que “en las noticias que salieron ayer en los diarios escritos, la empresa Limsa solicitó un aumento tarifario, que aparentemente o según dice la noticia  va a ser concedido en un porcentaje importante de tarifa”, cuando en realidad el aumento de tarifa fue aprobado hace más de quince días y desde el lunes entra en vigencia.

En forma tardía advirtió Chalabe, que  estas situaciones no “no deben eludir la obligación constitucional que tienen de convocar a audiencia pública, porque recordemos que el mecanismo de participación establecido para aprobar una tarifa cuando viene una modificación tan importante y un elemento de contrato como es la tarifa, es la audiencia pública”.

Al ser advertida que las nuevas tarifas de Limsa fueron aprobadas por el Concejo y promulgada la ordenanza por el ejecutivo municipal, sostuvo que “Generalmente esto es lo que sucede en la municipalidad de la Capital. Nosotros hace años que venimos reclamando las organizaciones de usuarios, que padece de varios defectos. Uno de ellos, cuando se tratan los temas tarifarios, conocemos el mecanismo, se realiza un estudio, que justifica los costos y dice que es necesario un aumento tarifario y de allí viene directamente el aumento y se eluden varios pasos, que no son inventados por las organizaciones de consumidores, sino que están en la ley y en un mecanismo constitucional”.

Ese mecanismo al que alude la Dra. Chalabe en la participación y la toma de decisión administrativa, es la convocatoria a audiencia pública. “Además de ello, la justificación no sólo económica, no se puede decir que se aumenta la tarifa porque los costos han sido elevados por la inflación. Esto sería lógico por el nivel inflacionario que tenemos, pero pensemos que siempre la legislación es favor del usuario, por lo tanto no sólo hay que pensar en los costos, sino qué repercusión va a tener en los bolsillos del usuario el aumento que se quiere dar. Eso permitiría otro tipo de evaluación para definir qué tarifa se va a aplicar”.

Refiriéndose al transporte urbano de pasajeros, sostuvo: “en la última audiencia pública que he participado, se transformó en un reclamo unánime que se deben adecuar algunas líneas de colectivos, transporte urbano con las necesidades de las personas con discapacidad. Es necesario adaptar estas unidades y esto no sucede en estos momentos. Se reclama y se insiste pero no es observado o contemplado por la Municipalidad”.

En Relación a los entes controladores de los servicios privatizados, destacó que “Tampoco existe un ente regulador municipal. Esto cuando se ha discutido y alguna vez se ha tratado, se contesta diciendo que el ente regulador es la Susepu. Podemos hacer el ente que quiera, pero se pensó cuando se privatizaron los servicios, que era un elemento esencial en esa privatización el ente regulador, porque el que concede no puede controlar. La municipalidad de la capital hoy se le pide, y esto pasa en los juicios que se lleva contra la empresa Limsa. ¿Quién controla a Limsa? ¿Quién controla en transporte urbano de pasajeros? Esa es una falla esencial del sistema que se vive hasta el día de hoy”.

Advirtió Chalabe que este mecanismo está previsto en la legislación que debe cumplirse, “ahora se elude ese mecanismo y se utiliza otro. La gente se queja y dice por qué se aumenta la tarifa. Hay seguramente un estudio de costos realizado por un contador, en el caso del transporte era realizado por el mismo contador una y otra vez y se pone a consideración y se dice que hay una suba elevada de costo. Obviamente que si fuera tan sencillo esto funcionaría como una empresa privada. Esto no es una empresa privada, es un servicio público esencial sujeto a una privatización como se hizo en su momento y concedido por el Estado que es la Municipalidad de Jujuy por lo tanto tiene que tener otros criterios para la fijación de la tarifa no solamente el estudio de costo económico, sino que priman otros criterios”.

Reiteró que “siempre la legislación es favorable del usuario, y es el que debe sufrir la menor consecuencia posible. En este caso en Jujuy una y otra vez se vinieron dando aumento tarifarios exorbitantes, porque generalmente suben el 30%”.

Finalmente reflexionó destacando que “a nivel nacional estamos discutiendo que las tarifas están congeladas y todos los problemas que traen los temas tarifarios y nunca los aumentos fueron más del 10%. Por supuesto que son exorbitantes estos aumentos. Está también la posibilidad de reclamar; esto es la vía judicial, como lo hicimos una y otra vez”.