Alicia Chalabe: “El aumento del boleto ya es un escándalo”

Cargó culpas en el municipio capitalino y objetó seriamente la convocatoria realizada por este órgano para una audiencia pública “escrita”, donde los interesados deberán presentar sus opiniones por esa vía para cumplir con los requisitos para la suba del boleto.

“La municipalidad de San Salvador, es la que tiene que establecer las sanciones para empresas que deciden suspender un servicio esencial. Venimos con este desmanejo y escándalo jurídico, porque son uno arriba del otro los errores y las situaciones que se producen y en definitiva es el desconocimiento de los derechos de los usuarios. Le agregamos que también por los medios escritos, sale publicada esta convocatoria del intendente a través de un decreto, a manifestar por escrito, la opinión que tengamos sobre el aumento de la tarifa del transporte”, apuntó.

Según Chalabe, ante esta situación la problemática del transporte ya es un escándalo, “porque se decide evidentemente, sin ningún interés en que las partes manifestemos nuestra opinión; resulta evidenciado con el procedimiento que se  llevó adelante. Quieren que uno intervenga a través de una opinión escrita sobre un aumento que ya ha sido dado. Esto es irrisorio, nulo, no sé cuál sería el calificativo legal.  Sería como que se aumenta la tarifa de energía y luego que uno opine sobre esta readecuación tarifaria”.

Ante esta decisión del municipio, la abogada afirmó: “Tienen que convocar a sesión extraordinaria y derogar la ordenanza por la cual se aumentó la tarifa, porque el aumento del boleto de transporte está vigente; solamente está suspendida en sus efectos por la medida cautelar del juez y ahora nos invitan a participar a través de una opinión escrita sobre la tarifa” aclaró.

Recalcó que por esta nueva situación, de la audiencia pública “escrita”, se recurrirá a la Justicia. “Vamos a plantear esta irregularidad del procedimiento administrativo y me imagino que puede haber alguien  en la Municipalidad de Jujuy que enseñe sobre los derechos de usuarios y consumidores, que lleva varios años de vigencia y desde la Constitución Nacional y la Ley de Defensa al Consumidor, que es anterior a la reforma. Son veinte años de Derecho del Consumidor, que evidentemente desconocen absolutamente, mucho más los empresarios del transporte, que creen que prestan un servicio de transporte como cualquier tipo de negocio, que no tiene control”, apuntó.