Jujuy hacia afuera exige federalismo, pero hacia adentro aplica unitarismo rancio

Se habla de integración, de políticas industriales y de acuerdos globales, pero la pregunta que flota en el aire es cómo se pretende sentar a la región a negociar con el mundo desarrollado, donde el federalismo y la seguridad jurídica son valores innegociables, cuando en casa la mesa está renga.

Es una contradicción flagrante, casi un insulto a la inteligencia, que Jujuy pretenda liderar discusiones sobre distribución equitativa de recursos a nivel nacional mientras, puertas adentro, mantiene un régimen de sumisión con sus propios intendentes. Estamos en pleno siglo XXI y los municipios jujeños siguen siendo rehenes de la discrecionalidad, recibiendo migajas en lugar de lo que les correspondería por una ley de coparticipación provincial que duerme el sueño de los justos, porque al poder central no le conviene soltar la billetera que disciplina. No se puede reclamar federalismo hacia afuera cuando se ejerce el unitarismo más rancio hacia adentro.

Resulta alarmante, además, que la agenda de este parlamento pase por alto el elefante en la habitación: la ausencia de seguridad jurídica real. Sin una división de poderes que no sea una mera ficción, sin un parlamento que funcione de forma independiente y sin organismos de control —como la Auditoría General— que no sean apéndices del Ejecutivo, lo que se ofrece al inversor extranjero no es una oportunidad, sino desconfianza y oscuridad. El clima de negocios no se construye con fotos de familia ni con declaraciones de buenas intenciones; se construye con reglas claras y magistrados que no respondan al teléfono oficial.

Por eso, este encuentro en Jujuy, al igual que sucede en otras jurisdicciones con prácticas similares como Formosa, corre el riesgo de ser otra puesta en escena vacía de contenido, una sobreactuación que naturaliza el atropello institucional. Mientras los ciudadanos del Norte Grande financian este despliegue de viáticos y cortesía, los problemas estructurales de infraestructura y libertad política quedan sepultados bajo la alfombra. Habrá que disfrutar de los bocaditos, porque en términos de sustancia democrática y visión de futuro, lo único que queda claro es que la verdadera discusión sobre cómo transformar la región en un bloque serio y confiable ha vuelto a quedar fuera del orden del día.

Es imposible hablar de crecimiento cuando la seguridad jurídica es una moneda de cambio y no un derecho garantizado. Ningún capital serio, nacional o extranjero, se asienta en un terreno donde las reglas de juego se modifican según el humor del poder de turno o la conveniencia de un esquema de mandos concentrados. La infraestructura no es solo asfalto y cemento: es la conectividad vital que permite que la producción no muera en el intento de salir al mercado, y hoy el Norte Grande padece un raquitismo logístico que lo condena a la periferia eterna.

Además, la falta de inversión en nuestras pymes es la herida abierta que nadie en este parlamento parece querer curar. Estamos en marzo de 2026 y los números no mienten: la morosidad en el sector pyme ya trepó al 4%, una cifra que refleja la asfixia de quienes levantan la persiana cada mañana sin red de contención. Mientras el 42% del crédito se concentra en un puñado de grandes corporaciones, las pequeñas y medianas empresas quedan marginadas, peleando contra tasas que superan el 57% anual y un acceso al financiamiento que, para la mitad de ellas, es directamente ciencia ficción.

Sectores clave como el comercio minorista y la construcción están en la “zona roja”, viendo cómo las ventas caen y las obras se paralizan, mientras la informalidad laboral en la región ya supera el 50%. Esta precariedad no es un accidente: es la consecuencia directa de un sistema que prioriza la recaudación y el ajuste sobre la capitalización del trabajo.

Una pyme en Jujuy hoy no solo lucha contra la falta de consumo, sino contra una estructura que le exige competitividad pero le devuelve rutas intransitables y una burocracia que solo sabe exigir. Si el 6% de nuestras empresas ya anticipa que este año tendrá que cerrar definitivamente, estamos ante una emergencia productiva que no se soluciona con discursos de hermandad regional.

Sin una ley de emergencia pyme efectiva y sin canales de crédito accesibles, estamos condenando al cierre a miles de unidades productivas que son el verdadero sostén de la clase media. El Norte Grande no va a despegar por el litio ni por las grandes inversiones mineras si, en el camino, dejamos que el corazón del mercado interno se detenga por falta de oxígeno financiero y una desidia institucional que parece no tener fin.