Jujuy | juicios políticos

Otro repudio a los “carpetazos” en Jujuy

Esta vez fue el secretariado de todos los organismos de control del país el que respaldó al tribunal de cuentas local ante el avance del oficialismo, que intenta remover a su presidenta y dos vocales, acusándolos de no haber controlado los fondos que recibía Milagro Sala. El gobierno repite la estrategia: agita el fantasma de la Tupac por necesidades políticas propias.

El país debate la emergencia alimentaria, y numerosas organizaciones sociales y dirigentes de barrio pugnan por una medida similar en Jujuy.

Sin embargo, el oficialismo impulsó dos reuniones atípicas para la habitual desolación de la Legislatura con otro objetivo bien distinto: avanzar en el tratamiento de los pedidos de juicio político contra tres integrantes del Tribunal de Cuentas y el fiscal general del poder judicial, Alejandro Ficoseco.
Los integrantes apuntados en el órgano de control son la presidenta, Nora Millone de Juncos, la vocal de la sala letrada, Mariana Leonor Bernal, y el vocal de la sala contable, René Antonio Barrionuevo.

Sus denunciantes son dos militantes del radicalismo que contaron con un llamativo apoyo de todo el bloque de diputados de Cambia Jujuy, quienes se encolumnaron rápidamente detrás de los escritos firmados por ellas tras la presentación realizada en medio de la última sesión, supuestamente de forma espontánea.

El motivo es la falta de control en el desempeño de Milagro Sala como líder de las organizaciones sociales que construían viviendas en Jujuy durante el período que va desde el año 2010 al 2015.

La denuncia, atemporales por un lado y con información privilegiada a la que un ciudadano común no podría acceder fácilmente, es interpretada como una avanzada del gobierno que encabeza Gerardo Morales contra dos puestos clave para el control en la provincia.

Frente a esa situación, el fiscal Ficoseco ya había recibido una defensa corporativa días pasados por parte de una asociación que representa a los fiscales.

La institución consideró que el gobierno busca escapar de los controles y las rendiciones de cuentas a los que está obligado por el simple hecho de manejar fondos públicos.

Se advierte persecución política por una denuncia sin justificación real.  Según el documento oficial, se está aprovechando una mayoría parlamentaria circunstancial y allí el poder ejecutivo pretende disciplinar al Tribunal de Cuentas para que cumpla sus funciones de acuerdo a los designios del poder político.
En el secretariado descreen de la presentación espontánea de una “supuesta ciudadana”, advirtiendo intencionalidad política y arbitrariedad del oficialismo.

Alegan que se utiliza la institución de juicio político como un elemento de presión que busca condicionar la actuación del tribunal en oportunidad del control que le compete, colocando a su vez al Tribunal todo en un estado de vulnerabilidad inaceptable en un sistema republicano en el que la independencia de poderes debe respetarse a ultranza.

Mientras avanza esta situación, se aprecia un silencio en el oficialismo sobre el tema. En tanto que desde la oposición, diferentes actores han denunciado aprietes por parte del gobierno.

“Esto habla de una cuestión preocupante como el apriete o toqueteo a instituciones que tienen que ver con el control del poder ejecutivo, evidenció la legisladora Débora Juárez de Bracamonte.

Por su parte, Javier Hinojo señaló “Se ve como ejercen formas coercitivas para tratar de disciplinar a los distintos poderes. Más allá de quienes sean los miembros es delicado por la forma que se toma y cómo se ejerce”.

“Para apretar sirve. Es un apriete porque tiene intereses creados, quiere blanquear situaciones. No he visto nunca que una ciudadana denuncie y tome estado parlamentarioEs un apriete licita y llanamente”, remarcó el diputado justicialista Alberto Matuk.

 

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