Jujuy Al Momento

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Juicio político

Silencio en el gobierno tras los “carpetazos”

El oficialismo sorprendió al impulsar dos pedidos de juicio político en la Legislatura en medio de luchas de poder en el seno del estado: los apuntados son el fiscal general del Poder Judicial y tres integrantes del Tribunal de Cuentas. Las espadas políticas del gobierno se llamaron a silencio mientras que la oposición habla de aprietes.

  • Dos sorpresivos pedidos de juicio político ingresaron a la Legislatura. 
  • Uno apunta contra el fiscal general del Poder Judicial, Alejandro Ficoseco. 
  • El restante apunta contra tres integrantes del Tribunal de Cuentas, máximo órgano de control del dinero público. 
  • Con liviandad, el oficialismo les dio curso sin explicar por qué busca remover a funcionarios de áreas clave para la vida institucional en Jujuy. 

El gobernador Gerardo Morales marcó a la cancha ante posibles focos de “insurrecciones” que discutan su poder absoluto en Jujuy. 

La lectura se desprende de la llamativa maniobra con la que el oficialismo ingresó y le dio trámite a dos expedientes en los que se evaluará la posibilidad de remover de su cargo a funcionarios de dos áreas clave para el funcionamiento institucional en Jujuy. 

Ambos fueron ingresados por militantes radicales durante la última sesión de la Legislatura de Jujuy, y luego, simulando ingenuidad, los diputados del oficialismo decidieron darles el aval para que tomen estado parlamentario. 

El primero es contra el fiscal general Alejandro Ficoseco. 

Ficoseco es en teoría el jefe del ministerio público fiscal, área que quedó redundante - al menos en lo que a la justicia penal concierne - tras la creación del ministerio público de la acusación (MPA), impulsada por Morales a su llegada al poder. 
El titular del MPA es Sergio Lello Sánchez, hombre de Morales, que es en los hechos quien hegemoniza la política judicial en materia penal en Jujuy. 

 

La actuación de Lello ha generado planteos en el ala más ortodoxa de la justicia jujeña, ya que sostienen que su figura - creada por ley - pasa por encima los mandatos constitucionales, que depositan en el cargo que ocupa Ficoseco las tareas que ad hoc Lello despliega. 

Esa discusión llegó a los más altos niveles y la fisura entre el “fiscal de Morales” y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara Falcone, ya es indisimulable. 

El pedido de juicio político contra Ficoseco es interpretado en Tribunales como una ficha que el gobernador juega a favor del funcionario que lo ayudó a llevar a la cárcel a Milagro Sala. 

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Alejandro Ficoseco Fiscal General - Sergio Lello Sánchez, Titular MPA

Más sugestivo aún es el segundo expediente. Allí, nuevamente, sin dar explicación alguna, el oficialismo apuntó contra tres integrantes del Tribunal de Cuentas, el organismo responsable de controlar qué es lo que hacen los funcionarios con el dinero público. 

Aunque los diputados del bloque Cambia Jujuy ni siquiera se animaron a precisarlo, los apuntados son la presidenta, Nora Millone de Juncos, Mariana Leonor Bernal y René Antonio Barrionuevo. 

Como si se tratara de los intrascendentes pedidos de declaración con los que justifican sus dietas el grueso de los diputados, el oficialismo ingresó el pedido sin explicar los motivos por los que quieren sacar de sus cargos a tres integrantes de un área clave. 

Millone de Juncos, Bernal y Barrionuevo son funcionarios del TC desde la época en que el peronismo de Eduardo Fellner gobernaba la provincia. 

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René Barrionuevo,  Mariana Leonor Bernal, Nora Millone de Juncos 

Siempre fueron cuestionados – junto al resto de los integrantes del tribunal – por su ausencia y por la falta de publicidad de sus actos, ya que, si auditaron la administración, nunca se lo hicieron saber a la sociedad. 

Morales, que fue capaz de ampliar el Superior Tribunal de Justicia con miembros de su entorno y empoderar a un fiscal que apresó a sus adversarios políticos, nunca los cuestionó. 

Sorpresivamente, esa condescendencia se terminó el primer jueves de septiembre, cuando sus emisarios en la Legislatura ingresaron un pedido de juicio político contra Millone de Juncos, Bernal y Barrionuevo. 

Los argumentos no trascendieron oficialmente, aunque circulan versiones que hablan desde sus desempeños en el manejo de los dineros de viviendas que administraron Milagro Sala y sus cooperativas hasta una supuesta maniobra en las obras del centro judicial de San Pedro. 

Ambas iniciativas son de enorme peso en la vida institucional de la provincia: para remover de sus cargos a funcionarios de tanta jerarquía debería haber ocurrido algo realmente grave. 

Con liviandad, el oficialismo intentó llevar adelante la maniobra con bajísimo perfil, sin explicar – al menos formalmente - por qué quienes rodean al gobernador intentan echar a un hombre de peso en el Poder Judicial y a tres supuestos garantes de la transparencia en Jujuy. 

Pero el contexto conduce a una sola interpretación: la implacable voluntad por mostrar quien manda. 

Ese gesto, es evaluado por los menos ingenuos en el sentido contrario: sólo intenta mostrar poder aquél que se siente débil. 

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