Jujuy | JUICIOS POLÍTICOS | GERARDO MORALES

A dos pasos de la suma del poder público

Los diputados oficialistas de la comisión investigadora se alinearon con los deseos del gobernador Gerardo Morales y promovieron el avance de los juicios políticos contra el fiscal general del Superior Tribunal de Justicia y tres integrantes del Tribunal de Cuentas; pasan a la Sala Acusadora, donde el oficialismo sigue teniendo la mayoría. En 20 días los funcionarios podrían ser suspendidos.

  • Obediencia debida en el oficialismo: luz verde para los juicios políticos que impulsa el gobernador Morales contra funcionarios clave de la justicia y el control.
  • Los acusados son el fiscal general Alejandro Ficoseco y los integrantes del tribunal de cuentas Nora Millone (presidenta), Mariana Bernal y René Barrionuevo (vocales).
  • El gobernador los acusó de haber omitido denunciar y controlar a Milagro Sala, aunque la denuncia la firman dos ciudadanas desconocidas.

La suma del poder público. Esa expresión empieza a ser moneda corriente en los espacios políticos, legislativos y judiciales de Jujuy.

Con ella, los críticos del gobernador Gerardo Morales describen lo que consideran es su idea de ejercer el poder, controlando además del poder ejecutivo, el judicial, el legislativo y el órgano de control provincial.

Los argumentos para sostener tal hipótesis aparecen en los albores de su gestión, con la reforma judicial que impulsó a las horas de asumir como gobernador, ampliando el Superior Tribunal de Justicia de cinco a nueve miembros. Dos de los cuatro nuevos jueces supremos nombrados por el propio Morales votaron la reforma como diputados del oficialismo y luego caminaron unos metros desde la Legislatura hacia los Tribunales, donde los esperaban sus nuevos despachos.

La Legislatura, con mayoría oficialista, volvió a sus viejas épocas de “escribanía de gobierno”, sesionando sólo cuando hay temas de interés del poder ejecutivo, legalizando prácticamente sin debate las medidas que se adoptan en el palacio ubicado en la calle San Martín al 450. Los pedidos de informe de la oposición son abiertamente ignorados.

El último capítulo en el esquema de acumulación de poder para el gobernador Morales son los juicios políticos que surgen de un par de denuncias de dos ciudadanas a quienes ni los diputados de la oposición ni el común de la ciudadanía conoce, pero que el gobernador calificó como “valientes” antes de argumentar él mismo el contenido de las presentaciones.

Morales acusó públicamente al fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Ficoseco de haber omitido la realización de denuncias ante la evidencia de los ilícitos que cometía Milagro Sala durante las épocas de gobierno kirchnerista en el país. También le atribuyó la paralización de denuncias contra la dirigente realizadas por otras personas.
A los miembros del Tribunal de Cuentas, Nora Millone Juncos (presidenta), Mariana Bernal (vocal letrada) y René Barrionuevo (vocal contable), los acusa de haber incumplido su obligación de auditar el Programa Federal de Integración Sociocomunitario mediante el cual las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner enviaron a Jujuy $1.285.592.656,40 entre 2004 y 2015.

Ese dinero alcanzaba, según la denuncia, para la construcción de 8.532 viviendas, pero sólo se construyeron 6.705.

El faltante de 1.827 casas equivale, a valores del período señalado, a $275.290.411. Eso sería el dinero que defraudó Milagro Sala y que el Tribunal de Cuentas debería haber auditado/denunciado, de acuerdo a la acusación en contra de los funcionarios señalados.

En los dos casos hubo fundamentaciones técnicas respecto de porqué cada funcionario tenía limitaciones para intervenir de manera directa en los hechos mencionados.

Los argumentos fueron desestimados por el dictamen de mayoría de la comisión investigadora, integrada por los oficialistas Ramiro Tizón (presidente), Alberto Bernis y Susana Haquim, y los opositores Alberto Matuk y Javier Hinojo, quienes firmaron un dictamen en minoría y calificaron como un “mamarracho” el proceso.

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La discusión ahora continuará en la sala acusadora a lo largo de 20 días, plazo máximo establecido por la constitución provincial para emitir un dictamen, aunque esto podría ocurrir antes.

La sala acusadora está conformada por 24 diputados, con mayoría oficialista. Si, como todo parece indicar, el dictamen avala las acusaciones, Ficoseco, Millone, Bernal y Barrionuevo serán suspendidos de sus funciones.

Transcurrida esta instancia, intervendrá la sala juzgadora, conformada por los otros 24 miembros de la cámara. Será esa la etapa final del proceso: si los juzgadores deciden dictar sentencia en contra de los acusados, serán finalmente removidos de sus cargos e inhabilitados para ejercer funciones públicas.

Para ello, el oficialismo necesita 16 votos, es decir los dos tercios de la sala.

Si esto se produce, el gobernador tendrá el terreno libre para designar a los funcionarios que él considere en cargos clave para el futuro de su gestión, que tendrán el deber de controlar – o no – su desempeño, el de sus funcionarios, así como el impacto de sus medidas.

Allí se verá si el gobernador va definitivamente por la suma del poder público.

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