Enviaron a juicio oral al líder del Polo Obrero por extorsión a beneficiarios de planes sociales

El juez federal Sebastián Casanello envió hoy a juicio oral y público al titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en la causa en la que está procesado por extorsionar a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y por defraudar al estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.

En tanto, Casanello citó a indagatoria a un grupo de personas que intervinieron en el armado de sociedades que facilitaron las facturas falsas que se usaron en el caso.

“La investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”, había dicho el fiscal federal Gerardo Pollicita en su dictamen en el que pidió que Belliboni vaya a juicio oral como “jefe” de esa organización.

Junto con Belliboni también fueron enviados a juicio oral María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Candotti, Gustavo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Albornoz, Gloria Estrada y Rossmery Grande Arancibia.

La defensa de Belliboni y de otros acusados habían pedido la nulidad del envío a juicio oral porque entendieron que se presentó fuera de término, porque habían recusado al fiscal y porque objetaron la intervención del Ministerio de Capital Humano como querella en la causa. También rechazaron la acusación. “El Estado no vio disminuido su patrimonio ni perjudicado los intereses confiados por medio de los convenios ya que las prestaciones comprometidas fueron realizadas”, señalaron.

El juez rechazó los planteos: “tras analizar las oposiciones formuladas, advierto que los argumentos esbozados por los/as letrados/as no han logrado derrumbar la hipótesis delictiva planteada en los respectivos requerimientos de elevación. Por el contrario, lo que exhibe el resultado de esta investigación, delimitada por los acusadores, es que se ha reunido numerosa prueba documental, testimonial e informática, suficiente para acreditar -con el grado de certeza y provisoriedad propia de esta etapa del proceso- tanto la materialidad objetiva de los ilícitos investigados así como también la intervención de las personas imputadas en su comisión”.

La causa se inició a fines de diciembre de 2023, en el comienzo del gobierno de Javier Milei. El Poder Ejecutivo habilitó una línea telefónica del Ministerio de Seguridad para hacer denuncias anónimas si las personas que integraban organizaciones sociales eran obligadas a participar de la marcha del 20 de diciembre para recordar los crímenes ocurridos ese día del 2001 en la salida del gobierno de Fernando de la Rúa.

Hubo llamados y el gobierno hizo una denuncia en Comodoro Py que fue investigada por Pollicita y Casanello. En el caso se obtuvo el testimonio como testigos protegidos de cinco personas. Además fueron allanadas la sede del Polo Obrero y otros domicilios donde se secuestraron cuadernos, computadoras y otra documentación.

La justicia determinó que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor recibieron 361.087.500 de pesos para aplicar a los proyectos productivos, laborales y comunitarios pero “una importante parte de estos fueron administrados indebidamente”. “Engañaron al Estado en las rendiciones de cuentas elaboradas, a través de la presentación de facturas apócrifas emitidas por empresas ficticias, la simulación de gastos no concretados en favor de otras allegadas a sus miembros, y la utilización de cheques para dificultar el verdadero destino del dinero desviado”, explicó el juez Casanello en su resolución. Y agregó: “A ello se sumó otra irregularidad: la no rendición ante el ministerio de una parte de los desembolsos referidos”.