El fiscal Diego Funes notificará personalmente a los dirigentes Sebastián Copello, Juan Chorolque y Verónica Urzagasti del pedido de elevación a juicio de distintas causas en las que se los acusa de obstrucción de tránsito y contaminación ambiental.
Copello recordó que ya fueron condenados por obstrucción de tránsito pero las otras acusaciones aun pesan sobre distintos dirigentes.
También opinó del papel del gobernador Morales en esta situación, indicando que “al fracasar la reforma constitucional tiene que volver al relato de la criminalización de la protesta, de la necesidad de institucionalizar la paz con un hecho que fue en marzo. Y sigue sin responder a los reclamos, porque los merenderos y comedores cada vez tienen más necesidades y no hubo aumento de presupuesto ni asistencia”.
El dirigente además dijo que luego de un acampe del Partido Obrero en Jujuy “allanaron edificios y fuimos presos una semana, Juan Chorolque y yo. Luego hubo otros allanamientos por otra causa, extorsión, contra todo el arco de organizaciones sociales. Estamos ante una persecución muy grave y lo que notamos es que buscan disciplinar ante un descontento social muy grande, que se expresó en que tenga que retroceder con lo de la reforma constitucional”.
En cuanto a las pruebas de la Justicia, Copello describió que “ el Juzgado Contravencional tiene de prueba fotos mías en la movilización. Es una criminalización de la protesta porque fue un día donde no hubo represión. Es un disciplinamiento”.
“Nos notificaremos como corresponde y cuando se eleve el pedido de juicio oral lo rechazaremos porque no hay ninguna razón para que lo haya. Queremos conformar una unidad grande en la calle porque (esto) nuevamente no es contra una persona sino que es el intento de condicionar futuros reclamos”, agregó.
