Constituir una sociedad offshore no es un delito
“La integración de un directorio de una empresa offshore no constituye un delito” y la constitución de una empresa de ese tipo “no es ni bueno ni malo” consideró el economista Juan Ljungberg a Radio 2.
Luego de la trascendencia que tuvo una investigación internacional donde muestra a jefes de Estado, empresarios y celebridades que mantuvieron en secreto sus movimientos offshore se cuestionó la participación del presidente Mauricio Macri en una de estas sociedades.
Sin embargo el presidente admitió haber formado parte de una sociedad familiar offshore radicada en Bahamas, pero que fue "designado ocasionalmente" como director y que "nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de esa sociedad".
“Puede ser que una empresa o personas constituyan sociedad de este tipo offshore, que significa fuera de los límites territoriales del país, para realizar negocios en otros lugares del mundo. Esto es una herramienta perfectamente válida y es absolutamente legal” aclaró Ljungberg.
Admitió que en ciertos casos es cuestionable este tipo de sociedades, especialmente si esa compañía se usa para manejar fondos oscuros, fondos no declarados, que provengan del narcotráfico, de la corrupción, de la trata de personas, de la venta de armas, etc., que son las fuentes que se usan para canalizar estos fondos.
“No sería el caso del presidente, por lo menos por lo que ha declarado” admitió además reveló que esta sociedad nunca abrió cuentas bancarias, “o sea que no pudo haber canalizados fondos”, independientemente que estos sean en blanco o negro.
También descartó la posibilidad de que la simple “integración de un directorio” constituya un delito. “Incluso por lo que pude mirar rápidamente las normas de la ley de ética pública vigente, no tenía en su momento la obligación de declarar su integración como miembro de directorio”.
Recalcó que ese deber se incorporó recién en el año 2011 y esta sociedad dejó de existir en el 2009. “Hay que analizar la situación en función a las realidades vigentes en el momento”.
Consultado sobre el porqué de los cuestionamientos, apuntó a causas políticas y la necesidad de los medios de tener un título. “Una noticia de esto es impactante desde el punto de vista periodístico, genera bueno titulares aunque después haya que empezar a aclarar las cosas, pero el impacto periodístico se produjo”.
Finalmente reconoció que “el presidente tiene la obligación de aclarar y mostrar las pruebas correspondiente, que demuestre que esto es cierto. Incluso puede pedir los órganos del estado, las oficinas anticorrupción o la AFIP, las constancias, para que informen si esa compañía abrió cuenta, tuvo operaciones o no. Si se comprueba, que no está terminado el asunto”.