De acuerdo a lo que pudo saber TN a través de fuentes del gobierno nacional y de la Ciudad, la transferencia de las 31 frecuencias de colectivo que circulan dentro del territorio porteño se traducirá en que ahora CABA podrá fijar tarifas, recorridos, paradas, terminales y multas.
En relación con el impacto sobre los precios, por estas horas se habla de que se puede llevar adelante un “período de transición” que puede extenderse hasta seis meses, por lo que en la Ciudad aseguran que no habrá impacto en la tarifa en el corto plazo. Este es uno de los últimos pedidos que el gobierno porteño le hizo a la Nación. “Para nosotros es necesario un tiempo como para poder implementar todo, porque debe pasar por la Legislatura”, plantearon funcionarios de CABA.
De todos modos, en la Ciudad advierten que para rediscutir la estructura tarifaria, primero quieren revisar el esquema de costos para luego definir los detalles sobre cómo quedarán plasmados los valores de los boletos.
Solo a modo de ejemplo, de acuerdo a estimaciones del gobierno porteño, el costo del viaje mínimo en colectivo sin ningún tipo de asistencia es de $863, de los cuales Nación aporta $271, CABA $221 y el pasajero paga $371. Entonces, si se quitan los subsidios nacionales y se mantienen los de CABA, en la Ciudad estiman que la tarifa sería de $642.
Desde hace varios días ambas administraciones trabajan en un acuerdo para que CABA se quede con el manejo de esas 31 frecuencias que circulan dentro de CABA. La medida está motorizada por la decisión de la secretaría de Transporte de la Nación de dejar de subsidiar a esas líneas de colectivo.
En concreto, Nación solo busca mantener la asistencia sobre las empresas y del programa Red SUBE -que aplica un descuento en el valor de la tarifa cuando se combina más de un transporte público en el lapso de dos horas- sobre las 103 líneas nacionales del AMBA y otras 10 del interior, que son las que transitan por ambas jurisdicciones, así como también en los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires. Además, tiene previsto sostener los descuentos del 55% de la tarifa para los 5,3 millones de personas que cuentan con tarifa social.
