La Esperanza: la empresa que se vende sin saber cuánto vale

La venta del ingenio La Esperanza suma irregularidades que empiezan a cobrar la dimensión de escándalo.

Manejada bajo un secreto de hecho, y con detalles dispersos que entregan ocasionalmente los funcionarios en declaraciones a los medios, la operación cada vez más cuestionada por algunos de los involucrados y por quienes miran desde afuera pero conocen el tema.

El último dato es una muestra de ello.

Este viernes 3 de agosto se conoció que el juez Juan Pablo Calderón rechazó un recurso de revocatoria planteado por el comité de acreedores nacionales de la empresa, es decir las personas – físicas o jurídicas – a las que la empresa les debe dinero.

Este grupo de acreedores cuestiona la venta por considerar esencialmente que hay serias omisiones que violan la ley.

¿Cuál es su argumento? Por ejemplo, que el juez que adjudicó la empresa al grupo inversor colombiano, nunca precisó en el expediente acabadamente cuales son los activos y cuál es el pasivo de la empresa.

Como se sabe, la venta se fijó en 85 millones de dólares, pero ¿Cómo saber si esa cifra es la correcta?

El ministro de desarrollo económico, Juan Carlos Abud Robles, indicó que la empresa posee 1.600 bienes. Acceder a un listado de esos inmuebles fue, hasta el momento, una misión imposible.

En, otras palabras, se vende algo cuyo valor real no se conoce.

Tampoco se explicitó, según el señalamiento de los acreedores, plasmado en el recurso de revocatoria que fue rechazado, cuál es el monto final de la deuda.

El gobierno sostiene que los 85 millones de dólares que, en teoría abonará el grupo inversor colombiano, alcanzará para cancelar la deuda con los acreedores que provocaron la quiebra.

¿Cómo saber si el monto es suficiente, mayor o menor al pasivo? Es otro de los interrogantes que parecen conocer sólo unos pocos.

Fuentes con acceso al expediente aseguran además que tampoco existe estado contable de 2017.

Esto significa que no hay datos ciertos acerca del destino de los más de 1.000 millones que el gobierno actual asegura haber invertido desde que asumió para mantener el funcionamiento de la fábrica de azúcar. Ese dinero pertenece a los contribuyentes de Jujuy. “Es casi lo mismo por lo que la mantienen presa a Milagro Sala”, sostuvo con ironía uno de los involucrados.

Pero los argumentos no se acaban allí. En los planteos que el juez rechazó se encontraban las objeciones a la falta de seriedad de la documentación presentada por la empresa Aesa S.A., perteneciente al grupo Omega Energy, de capitales colombianos.

En las últimas horas circuló una copia del número de cuit de su presidente, Oscar Antonio Ponce, quien figura como monotributista categoría A, de las más bajas del sistema. ¿Cómo es que llega a  manejar 85 millones de dólares un monotributista?

Por otra parte, de acuerdo a la ley de concursos y quiebras, el administrador de los fondos generados por la venta de la empresa, es decir los 85 millones de dólares, debería ser el síndico, con autorización del juez.

El gobierno sin embargo designó como autoridad de aplicación al ministerio de desarrollo económico, con los cuál los dólares frescos recaerán en el ministro Juan Carlos Abud Robles.

El juez, sin embargo, parece hacer equilibrio entre las excepciones, las normativas sancionadas a última hora, y la zonas grises que le deja la ley, para avalar una operación “floja de papeles”, que algunos califican como un verdadero escándalo.