La fábrica que perdió 1500 obreros en 17 años
En horas de definición para su crónica crisis, se van conociendo cifras sobre el conflictivo ingenio azucarero La Esperanza.
En una defensa de la futura venta de la empresa a un grupo inversor de capitales colombianos, el gobierno asegura que la pérdida de empleo durante la última década fue progresiva y se profundizará en caso de no ponerle un cierre al proceso de quiebra.
Según datos aportados por allegados al gobierno, al momento de decretarse la quiebra el ingenio contaba con 2.553 trabajadores en su planta permanente.
Llegó a producir 85 mil toneladas de caña de azúcar, con plantaciones de más de 12 mil hectáreas.
Hoy, luego de 17 años de conflictividad y administración artificial sostenida con financiamiento del Estado, la planta residual es de 1080 trabajadores, con una producción que no supera las 50 mil toneladas de caña de azúcar, con menos de 8 mil hectáreas planteadas.
La venta apunta a reactivar la producción, diversificando los cultivos.
Para ello, según confirmaron los propios funcionarios, se cerrará una venta por 85 millones de dólares y el grupo inversor desplegará capital para producir por más de 350 millones de la moneda norteamericana.
Discusión inútil en la Legislatura
El ingenio La Esperanza sigue siendo motivo de pases de factura entre el actual gobierno, encabezado por la Unión Cívica Radical, y sus antecesores del peronismo.
Ambos se cuestionan el desmanejo de la fábrica de azúcar que lleva 17 años quebrada, bajo administraciones con financiamiento estatal que fueron fruto de grandes negocios para los funcionarios de turno.
La administración de Gerardo Morales se adjudica estar a un paso de ponerle fin a la crónica situación de conflicto, con la venta de la empresa a manos privadas.
El peronismo lo acusa de insensible al pretender separar del ingenio a 300 personas, a quienes se les reducirá el sueldo en el Estado.
El oficialismo responde acusando de cínicos a sus detractores, enrostrándoles los años en los que La Esperanza fue un negocio millonario para unos pocos administradores, financiado por el estado.