Jujuy | IMPENSADO |

Una caja de $17 millones en el ISJ desata un escándalo

En una maniobra de dudosa legalidad, la obra social de los empleados públicos de la provincia creó e impuso un seguro de sepelios obligatorio para sus 183 mil afiliados, a los que les cobra compulsivamente 94 pesos y les impide renunciar al servicio; las empresas funébres locales y organismos de consumidores preparan artillería judicial contra una medida que, aseguran, es inconstitucional.

En otra muestra de desesperación por conseguir fondos frescos, el gobierno de la provincia avanzó en una controversial maniobra que podría generarle onerosos juicios en contra al estado. 

A través de la resolución 313, firmada el 8 de agosto de 2019 por el presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), Pablo Giachino y los vocales de esa institución, la provincia “inventó” un seguro de sepelios que les impuso a los 183 mil afiliados de la obra social más grande de Jujuy, la que contiene a todos los empleados públicos y a trabajadores de otros regímenes. 

El instrumento, que comenzó a gestarse en una reunión ordinaria del ISJ realizada el 19 de junio, tomó estado público en las últimas horas luego de ser advertido por dirigentes sindicales y organismos de defensa del consumidor. 

Contiene al menos tres puntos que generaron una andanada de críticas y cuestionamientos. 

Sin aviso previo, se impuso el supuesto servicio a la totalidad de los afiliados, obligándolos a contratarlo. 
Es, según lo resuelto, irrenunciable, es decir que si un afiliado ya cuenta con un servicio fúnebre y quiere conservarlo, pagará de todas maneras los 94 pesos para este servicio provincial que no puede rechazar.  
La resolución dispone la subcontratación de empresas para que el servicio se preste, quedándose el ISJ con la recaudación. Esto sin embargo fue negado por los empresarios locales del rubro, que aseguran no tener vínculo alguno con el organismo provincial y difundieron un comunicado lapidario contra la disposición. 

En esencia, le cuestionan al gobierno haber creado de manera inconsulta una competencia desleal que les saca sus clientes para subcontratarlos a costos irrisorios. 

Advierten sobre la falta de seguridad jurídica y la intromisión del estado en un negocio legítimo que muchas PyMES locales desarrollan con inversión desde hace décadas en Jujuy. 

En el sector trabajador la medida se observa con perplejidad y sorpresa. 

Los sindicatos ya han solicitado que el gobierno se abstenga de seguir realizando los descuentos, y hay una enorme cantidad de preguntas sobre cómo se gestó la decisión, calificada de arbitraria. 

La titular de la ONG Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), Patricia Tabera, definió la implementación del servicio de sepelio como un “ilícito lucrativo” o un “robo hormiga”. 

Señaló que el código civil y comercial, en su artículo 1.099, impide la “contratación atada”, esto es, la imposición de un producto o servicio a través de otro.  

Trasladado a este caso, los afiliados del ISJ estarían contratando un servicio de salud y el gobierno aprovecharía esa situación para imponerles un servicio de sepelio. 

Tabera menciona además el artículo 42 de la constitución nacional, que garantiza la libertad de elección de los usuarios y consumidores. 

Ambas normas están por encima, tienen prelación, ante la ley provincial Nº 4.282 que regula el funcionamiento del ISJ y es en la que se amparan los funcionarios provinciales para avanzar en la aplicación del polémico seguro. 

“Es una ley inconstitucional”, señaló la abogada que defiende a los usuarios en Jujuy. 

Pero además, la letrada invocó principios básicos y hasta el sentido común. “Un contrato es un acuerdo de voluntades, atentar contra la libertad de contratación es increíble. Además nada puede ser irrenunciable, como pretenden que sea este seguro de sepelios”, subrayó. 

Para ello, como medida inicial, UCU procede a informar a los usuarios sobre la situación irregular y facilita la intimación al organismo. 

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Patricia Tabera, titular de UCU Jujuy. 

En un duro comunicado, la Asociación de Empresas de Seguros de Sepelios de Jujuy, asegura que no existe ningún contrato que vincule a las empresas y el organismo provincial, como se sugiere en la resolución y advierten que el tipo de servicio que se pretende imponer es de baja calidad en relación al precio que se cobra, 94 pesos por persona. 

Carlos Jure, titular de la Asociación, se mostró esperanzado en que el gobierno reflexione, confiando en que se trata de una decisión “mal informada”. 

“Están liquidando las empresas de seguros, estoy seguro de que en Casa de Gobierno no han explicado que quedan 500 personas en la calle, que son los trabajadores de las empresas”, indicó Jure. 

“Nos destrozan, tenemos que cerrar y pararnos como los cowboys a matarnos por un muerto”, definió con crudeza. Las empresas evalúan presentaciones judiciales. 

El texto que dio origen a la controversia consta de 7 artículos. 

En el primero crea el seguro colectivo de sepelios al que define como “obligatorio e irrenunciable”. 

El tercero establece la suma que se les descontará a los 183 mil afiliados del ISJ: $94,53. Equivale a màs de 17 millones de pesos por mes, sin tener en cuenta la posibildad de sumar al grupo familiar de cada afiliado. 

El artículo cuarto autoriza a la gerencia de seguros del ISJ a suscribir convenios con las empresas para que ellas brinden el servicio a cambio de un pago. Es decir, el ISJ se mete en un negocio que ya funciona de forma directa entre las empresas y sus afiliados, y pasa a cobrar la cápita y luego terceriza la prestación. Sin embargo, los empresarios niegan que haya habido algún contacto o contratación. 

En el sexto artículo la resolución deja sin efecto toda norma que se oponga a lo resuelto, algo que, a decir de distintos letrados, es como si funcionarios de tercera línea como Giachino y compañía quisieran dejar sin efecto el Código Civil y Comercial y la Constitución Nacional. 

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