De acuerdo a las estimaciones del sindicato, el requerimiento de atención en los nosocomios estatales creció entre un 20% y un 25% en comparación con el año pasado. Este fenómeno social encuentra su explicación directa en el impacto de la crisis económica y las políticas nacionales, que provocaron que miles de familias enteras no pudieran seguir costeando sus obras sociales o prepagas y se vieran obligadas a volcarse en masa al sistema público para hacer valer su derecho a la salud.
Sin embargo, esta avalancha de pacientes está siendo absorbida por una estructura cada vez más debilitada. Lejos de reforzarse el plantel, desde el gremio alertaron que el sistema funciona con el mismo o incluso menos personal debido a que continúa de forma ininterrumpida el éxodo de profesionales hacia otras provincias o el sector privado, empujados por el persistente congelamiento de sus salarios y la falta de respuestas a sus reclamos sectoriales.
La gravedad de la situación queda expuesta en las cifras de la propia administración pública: de un universo de 87.000 empleados estatales, tan solo 5.000 son profesionales, una cantidad ínfima para dar respuesta a una demanda comunitaria en ascenso, provocando un embudo y una sobrecarga laboral extenuante sobre los trabajadores que aún sostienen el sistema.
Promesas incumplidas y conflicto en puerta
Al drama de la salud se le suma un creciente malestar gremial por compromisos asumidos por el Ejecutivo provincial que hoy se encuentran totalmente dilatados. Fernández denunció que existen acuerdos incumplidos en las áreas de Salud y Desarrollo Humano, y alertó sobre la ruptura de la tregua de estabilidad laboral tras registrarse la baja de un profesional en el Ministerio de Ambiente, violando la promesa oficial de "cero despidos".
Frente a este complejo panorama que profundiza la precarización, el sindicato de los profesionales profesionales se mantiene en estado de alerta implementando un plan de acción que incluye "cartelazos" y jornadas de visibilización frente a Casa de Gobierno. Exigen una urgente recomposición que eleve el salario inicial al valor de la Canasta Básica Total para frenar el vaciamiento de especialistas y evitar que la atención sanitaria termine por colapsar de manera definitiva.
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Foto: secretario general de APUAP, Nicolás Fernández.
