La esposa de Moïse, la primera dama Martine Moïse, estaba hospitalizada, pero finalmente también falleció a causa de las heridas.
Joseph condenó el “detestable, inhumano y bárbaro acto” y afirmó que la Policía Nacional de Haití y otras autoridades tenían bajo control la situación en el país caribeño.
El asesinato del martes por la noche se produjo en medio de una creciente crisis política y económica y de un aumento de la violencia de pandillas.
El descontento y la inestabilidad habían ido en aumento en el país, de más de 11 millones de personas, durante el mandato de Moïse. Sus problemas económicos, políticos y sociales se han agravado y la violencia de pandilleros se ha disparado en la capital, Puerto Príncipe. También ha subido la inflación, y tanto alimentos como combustibles escasean cada vez más. El 60% de la población gana menos de dos dólares al día.
Haití aún no ha logrado recuperarse del devastador terremoto de 2010 y del huracán Matthew, que golpeó el país en 2016.
Jovenel Moïse, de 53 años, llevaba más de dos años gobernando por decreto después de que el país no celebrara unas elecciones previstas, lo que llevó a disolver el Parlamento. Líderes opositores le acusaban de intentar aumentar su poder, por ejemplo al aprobar un decreto que limitaba las competencias de una corte que audita los contratos del gobierno o con otro que creaba una agencia de inteligencia que sólo respondía ante el presidente.
En los últimos meses, los líderes de la oposición exigieron que renunciara al puesto y afirmaron que su mandato legal había terminado en febrero de 2021. Moïse y sus partidarios afirmaban que su mandato había comenzado cuando asumió el cargo, a principios de 2017, tras unas caóticas elecciones que obligaron a nombrar un presidente provisional que ejerció el cargo durante un año.
Haití tenía previsto celebrar elecciones generales a finales de este año.
