El Parlamento griego vota duros ajustes

Un día después de que Grecia y sus acreedores acordaran el rescate tras más de 20 horas de negociaciones, varios medios publicaron ayer el memorándum firmado por la partes, que detalla los cambios que Atenas deberá hacer en el sistema jubilatorio, además de exenciones a agricultores y privatizaciones.

A cambio, el país recibirá 86.000 millones de euros de ayuda de la eurozona hasta 2018, su tercer rescate desde 2010, fondos con los que se espera ahuyentar definitivamente los temores a un default y una posible salida de Grecia de la moneda común europea, algo que podría afectar gravemente a Europa y el mundo.

No obstante, en un país cansado tras cinco años de terribles ajustes, el acuerdo incluye un análisis del impacto social, según aseguró hoy la Comisión Europea (CE), uno de los acreedores de Grecia, junto al FMI, el Banco Central Europeo (BCE) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Aunque la comisión aún no difundió el memorándum, el acuerdo incluye medidas que son importantes para el gobierno del primer ministro griego Alexis Tsipras en cuanto a la justicia social, según informó la agencia de noticias EFE, que tuvo acceso al documento.

Por ello, Atenas adoptará en marzo próximo medidas para apoyar la creación de empleo para 150.000 personas junto con políticas activas para la generación de otros puestos de trabajo.

En la capital griega, Tsipras se mostró hoy confiado en lograr la ratificación parlamentaria del acuerdo, pese a la oposición del ala más izquierdista de su partido Syriza.

"A pesar de los obstáculos que algunos tratan de poner en nuestro camino, vamos a concluir con éxito este acuerdo", dijo Tsipras tras una reunión en el Ministerio de Infraestructuras.

Según lo pactado con las instituciones, el Parlamento griego debe aprobar el acuerdo para recibir el primer desembolso que se destinará a pagar las obligaciones más inmediatas.

El gobierno de Atenas aspira a que el primer tramo sume entre 20.000 y 25.000 millones de euros, para devolver al BCE 3.400 millones que vencen el día 20 de agosto, otros 1.600 que adeuda al FMI en septiembre, así como el crédito puente que le concedió en julio la Unión Europea por valor de 7.600 millones.

Además, el primer desembolso incluiría 10.000 millones de euros de inyección inmediata para recapitalizar la banca, todavía bajo controles de capital, lo que ha llevado a un mayor desplome de la economía.

El proyecto de ley fue introducido hoy en el Parlamento y mañana se iniciará el debate en comisiones, al que seguirá la sesión del pleno y la votación que se alargará hasta la madrugada del viernes.

El texto debe ser aprobado antes de una reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, o Eurogruo, que hoy fue convocada para el viernes con el objetivo de decidir si da su aval al programa.

Además del programa de rescate, el proyecto de ley incluye un paquete de 35 medidas previas que Grecia debe aplicar, que están detalladas en el memorándum firmado ayer.

Según el documento, Grecia tendrá que hacer importantes ajustes de entre el 4 y el 5 % del PIB, informó EFE.

Los acreedores de Grecia exigen al país alcanzar unos superávit primarios del 0,5 % del PIB en 2016, del 1,75 % en 2017 y del 3,5 % en 2018, y ya en octubre Atenas debe legislar medidas estructurales de al menos un 0,75 % del PIB para 2017 y un 0,25 % en 2018.

Si los números son finalmente mejores de lo previsto, deberá transferir al menos un 30 % del sobrante a la cuenta destinada a la reducción de la deuda. Otro 30 % sería utilizado para pagar "obligaciones gubernamentales (financieras) vinculados al pasado".

Muchas medidas las tendrá que acometer Atenas de manera inmediata como acciones previas y otras sobre todo en otoño.

En la reforma tributaria y la lucha contra el fraude, además de la reforma del IVA ya legislada en julio, Grecia se compromete a no introducir nuevas amnistías o aplazamientos para los pagos a los deudores que no cumplen a tiempo sus obligaciones y publicará una lista de morosos de más de tres meses.

Asimismo, elaborará hasta noviembre un plan integral de lucha contra el fraude fiscal.

Por otro lado, el gobierno griego tendrá que presentar hasta septiembre un plan para completar el pago de facturas atrasadas, devoluciones tributarias y prestaciones de pensiones.

Sobre las pensiones, el texto establece la eliminación progresiva de la jubilación anticipada, con el objetivo fijarla a los 67 años en 2022, y la identificación y legislación de medidas legislativas que compensen los recortes aplicados en 2012, que el Tribunal Supremo Administrativo declaró inconstitucionales recientemente.

Para enero del año próximo, se prevé la armonización de las contribuciones por parte de los distintos fondos de pensiones y, a partir de marzo, la eliminación gradual de las ayudas a las pensiones más bajas (EKAS) hasta finales de 2019.

Respecto a los hospitales y la sanidad pública, el texto hace referencia a medidas que persiguen el abaratamiento de costes en los medicamentos para el consumidor y deja a voluntad del Ejecutivo la aplicación de la tasa de cinco euros por visita médica.

En materia laboral, el preacuerdo establece que a partir de octubre un grupo de expertos independientes revisará la legislación laboral incluyendo los despidos colectivos, la acción sindical y la negociación colectiva para adaptarlas al estándar europeo.

Por otro lado, el texto señala que el gobierno griego se compromete a continuar con el programa de privatizaciones en curso, que persigue generar unos ingresos anuales (excluyendo las acciones bancarias) de 1.400 millones de euros en 2015, 3.700 millones en 2016 y 1.300 millones en 2017.

El acuerdo prevé la creación de un nuevo fondo de privatizaciones radicado en Grecia y bajo supervisión de las instituciones europeas, que deberá acumular activos por valor de 50.000 millones de euros, la mitad de ellos para la recapitalización de la banca.

Tras varias discusiones, se acordó finalmente un modelo con el que el gobierno griego dice estar satisfecho, porque permite sacar rendimiento a estas propiedades, es decir, a diferencia del fondo actual de privatizaciones que solo recoge la venta, este formato contempla fórmulas alternativas como el alquiler.

La ley establece además un sistema en el que los autónomos y las pequeñas empresas deben pagar parte de los impuestos por adelantado en previsión de sus ingresos.

Tsipras, que ya ha informado a los representantes de la oposición sobre el contenido de la ley, necesitará, como en dos votaciones anteriores, el apoyo de conservadores, liberales y socialdemócratas para obtener la luz verde del Parlamento, pues las medidas han reavivado la polémica entre las filas de Syriza.