La crispación social se hace sentir frente a casa de gobierno a pocos días de que culmine el 2021, un año marcado por un complejo escenario socioeconómico donde la clase trabajadora sufrió duros golpes al bolsillo.
En medio de ese contexto, en el último tiempo viene cobrando fuerza un reclamo de capacitadores e instructores autoconvocados, pertenecientes al área de educación, que piden soluciones urgentes respecto a dos cuestiones: la desprecarización laboral y el pase a planta permanente.
Lejos de conseguir respuestas, terminaron cruzando al gobierno por una situación aún más angustiante: un decreto creado en plena pandemia y que señalan es en perjuicio de su situación laboral. El mismo los pone bajo la órbita de la SUCEPPI, Secretaría de la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Planes y Programas Interministeriales.
Para estos capacitadores jujeños, el avance oficial supone una pérdida de derechos adquiridos pero también una falta de reconocimiento a la labor que llevan adelante con gran cantidad de alumnos y por magros sueldos
Son cerca de 300 trabajadores… 300 familias sumidas en la incertidumbre que hoy advierten que la maniobra los privará de tener una obra social y un aporte jubilatorio.
Del gobierno nadie se acercó si quiera a interiorizarse sobre este malestar y las consecuencias del decreto.
La imposición terminó teniendo como contrapartida el inicio de una huelga días atrás que se sostiene incluso hasta hoy pese a que el gobierno volvió a jugar la carta de la contravenciones en pos de desarticular el reclamo.
“Han tirado al piso nuestros derechos. A la 1 de la mañana vinieron a hacernos una contravención”, contó la capacitadora Dora Mendoza.
Y agregó: “Cortamos la calle porque no nos dejaron otra alternativa”.
Entre lágrimas la mujer advirtió: “El gobernador no me va doblegar”.
