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Exigen que el gobierno de Jujuy "repare" violaciones a Derechos Humanos

Referentes de diferentes organismos opinan que el Ejecutivo debe compensar a quienes consideran víctimas por lo ocurrido en torno a la aprobación de la reforma constitucional.

  • Además de presentar quejas y demandas en distintos organismos, representantes de instituciones exigen que el gobierno de Jujuy haga reparaciones con quienes consideran “víctimas de violaciones de derechos humanos”.
  • La demanda tiene base en los enfrentamientos ocurridos el año pasado, alrededor de la aprobación de la reforma parcial constitucional.

Un poco más de un año después de los enfrentamientos producidos en torno a la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, referentes de organismos de derechos humanos volvieron a Jujuy a exigir al gobierno que “repare” lo que consideran “violaciones a derechos humanos”.

La integrante de la Comisión Investigadora de Derechos Humanos, Mariana Katz, habló de la presentación de un informe de lo ocurrido en 2023 “ante el alto comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambos organismos tienen un convenio de trabajo, lo que se presente ante el Alto Comisionado inmediatamente se tiene conocimiento en la Comisión. Ante los hechos ocurridos el año pasado hay denuncias internacionales, se tienen que investigar y pedir explicaciones a las autoridades”.

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“El alto comisionado está en conocimiento porque tuvimos reuniones y le darán seguimiento. Nos reunimos con autoridades del Poder Judicial, tanto del Ministerio Público de la Acusación como de la Corte Suprema y les hicimos saber esta cuestión. Esto no es privado, es necesario que se conozca este informe y que hay organismos internacionales de derechos humanos que miran lo que ocurre en Jujuy, en función de la situación sistemática de vulneración de derechos por parte de las autoridades jujeñas”.

Asimismo, sostuvo que “al reunirnos con los funcionarios tomamos conocimiento que hay más de una causa. Este informe también les dará herramientas para pedir reparaciones. Por otro lado, pedimos entrevista con el gobierno y la legislatura. Esperamos la respuesta de la segunda. Deberían darnos una respuesta a la solicitud. El gobierno no nos recibió, pero ellos también están obligados a generar un mecanismo o política pública de reparación para ustedes, porque en este informe se da cuenta de muchas violaciones a los derechos humanos. La contracara de esa situación es que el Estado está obligado a reparar esas violaciones. El órgano judicial tendrá que buscar a los responsables y los políticos tienen que reparar las violaciones que produjeron. Esperamos la respuesta del Poder Ejecutivo, insistiremos en tener la entrevista, y del Poder Legislativo esperamos una respuesta para que nos escuchen en lo que expresamos. No podemos reclamar que el Legislativo haga lo que tiene que hacer, sino dar cuenta que se tiene derecho a reparación”.

Informe de la Comisión

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En un apartado del informe presentado por los referentes de distintos organismos se destacan algunos puntos, entre ellos:

  • La modalidad de violencia institucional, sistemática y generalizada, contra la sociedad civil el día 20 de junio de 2023,
  • La arbitrariedad de las detenciones en violación de las garantías y derechos judiciales;
  • La violencia de género ejercida contra las mujeres;
  • Las violaciones al derecho de la libertad de expresión respecto de medios periodísticos independientes.

Asimismo, se considera que algunas cuestiones informadas “dan cuenta de hechos de suma gravedad y sistematicidad en el accionar represivo de las fuerzas de seguridad provincial, que constituyen -en su conjunto y contexto- gravísimas violaciones a los derechos humanos que podrían acarrear responsabilidad internacional al Estado argentino.

“En ese sentido, deberá tenerse presente que las acciones descriptas en el presente informe ponen en evidencia no sólo el accionar violento a partir de marcas y vulneraciones físicas, también a partir de la instauración de un régimen de excepción normado (Agamben 2005) en el cual el Estado viola sus propias normas en beneficio de un sector específico y en desmedro de sectores que se ven violentados a partir de normativas ilegítimas e ilegales”, detallan.

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