El Gobierno oficializó la entrega de anticipos financieros a doce provincias a través del decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial, en una medida que apunta a aliviar tensiones fiscales en los distritos y, al mismo tiempo, sostener la relación política con los gobernadores en un contexto de negociación permanente.
El Gobierno nacional habilitó anticipos por hasta $400.000 millones a 12 provincias
La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía definirá los montos según la capacidad de repago. Los fondos deberán devolverse en 2026 con una tasa del 15% y mediante retenciones automáticas.
La asistencia contempla hasta $400.000 millones en concepto de adelantos de coparticipación, con la condición de que sean reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal. Según lo establecido, será la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía la que determine cuánto recibirá cada jurisdicción en función de su capacidad de pago y su participación en la recaudación nacional.
Qué provincias están incluidas en la medida
El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y se inscribe en una estrategia para mostrar una postura más flexible frente a las provincias, en momentos en que la Casa Rosada necesita respaldos políticos. Entre los distritos alcanzados figuran Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
El esquema prevé que la devolución de los fondos se realice mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación, con más intereses calculados a una tasa fija nominal anual del 15%. La autoridad económica también podrá acordar con cada provincia las condiciones específicas de desembolso, plazos y mecanismos de reintegro.
Qué requisitos deben cumplir las provincias para acceder
Para acceder a los anticipos, las provincias deberán autorizar al organismo nacional a descontar los recursos correspondientes hasta cancelar el total de la asistencia más los intereses. Además, la normativa establece que los distritos deberán comprometer su participación en el régimen de distribución de recursos de la Ley 23.548 u otros fondos coparticipables.
Dentro del Gobierno destacan que la medida tuvo un doble frente de negociación: el político, encabezado por el Ministerio del Interior, y el fiscal, bajo la órbita del Ministerio de Economía. En ese marco, aseguran que el mecanismo permite ordenar la relación financiera con las provincias y fijar límites a los pedidos recurrentes de adelantos.