El gobierno le negó la entrega de personerías jurídicas a las comunidades

• Rechazo de personerías jurídicas: El gobierno de Jujuy denegó el trámite a comunidades originarias.
• Impugnación y denuncia: La defensa de los pueblos impugnarán la medida denunciando estrategias dilatorias y exclusión del proceso.
• Reclamo histórico: La personería jurídica es vista como un "DNI" indispensable para que los pueblos originarios puedan accionar legalmente y defender sus territorios.

Comunidades originarias de Jujuy venían exponiendo un serio conflicto con el gobierno, desde hace meses. Se trataba del pedido por avances en la entrega de personería jurídica y de títulos comunitarios.

Luego de incontables reclamos y de una larga espera, a principios de abril se cumplió con la entrega de las personerías jurídicas a varios pueblos originarios de Quebrada y Puna. A pesar de ese avance, todavía había pueblos indígenas que esperan su personería jurídica.

Nuevas comunidades reclaman por la personería jurídica

Delegaciones comuneras se hicieron presente este miércoles, esperando cerrar el trámite formal, entre ellas estaban representantes de El Pongo, Ojo del Salar y Chucalezna, entre otras.

Alejandra Cejas, abogada de las comunidades, acompañó a varios referentes a la espera del dictamen formal para obtener sus personerías jurídicas, un reclamo histórico. La letrada equiparó la personería jurídica con un “DNI o una partida de nacimiento”. Explicó que, aunque los pueblos originarios son preexistentes al Estado Nación, contar con este reconocimiento institucional y legal es indispensable para poder accionar en el marco del derecho civil contemporáneo.

El marco protectorio que otorga la personería es fundamental en la actualidad para que las comunidades puedan defender legalmente sus territorios ancestrales ante intentos de usurpación, permitiéndoles además peticionar y litigar no solo ante la provincia, sino también a nivel nacional e internacional. Cejas criticó los criterios de la administración pública a la hora de otorgar marcos legales, señalando que el Estado suele demorar los trámites o utilizarlos como excusa para des oír los reclamos territoriales: "te dicen que no está regularizado", beneficiando habitualmente de forma arbitraria a "instituciones amigas".

¿Qué dijeron las comunidades?

Referentes comuneros, presentes en la jornada, dieron su postura sobre el trámite y la realidad que les toca vivir en cada pueblo.

Nelson Gastón Casimiro, de la comunidad indígena de Ojo del Salar, explicó el enorme sacrificio que implica viajar desde su comunidad hasta la capital, combinando moto con temperaturas bajo cero, esperando colectivos en la Ruta 52 o pagando costosos transportes alternativos. Se mostró expectante por recibir su personería jurídica.

Griselda Ibáñez, de la comunidad de El Pongo, advirtió 1ue la personería jurídica es el paso previo indispensable para obtener el título comunitario de propiedad, la única herramienta definitiva para que "nadie los pueda mover". Dijo que teme una ofensiva de la administración de Finca El Pongo aprovechando la inminente feria judicial de julio.

Florencia Saiquita, de la comunidad de Chucalezna, denunció el brutal impacto ambiental y paisajístico de los emprendimientos vitivinícolas privados que han "destrozado el cerro" que sus antepasados siempre respetaron. El avance empresarial llenó la zona de letreros de "propiedad privada", alambrados y tranqueras, destruyendo la paz del lugar con el ruido de maquinaria pesada y motos.

Inesperado rechazo a las comunidades

Luego de una previa de altas expectativas, el Gobierno de la provincia denegó formalmente los registros y personerías jurídicas a las comunidades indígenas que habían viajado desde distintos puntos del interior, echando por tierra las gestiones técnicas previas.

Alejandra Cejas criticó con dureza el horario de la citación para la notificación y advirtió que se trató de una estrategia intencional para que las comunidades y su defensa técnica no pudieran realizar la compulsa del expediente ni revisar los fundamentos técnicos del rechazo en el momento, debido al cierre de las oficinas públicas.

Detalló que el trámite no se ejecutó en las oficinas de la Secretaría de Pueblos Originarios, sino en una dependencia ajena y con personal que no pertenece al área. Además, denunció que se impidió el ingreso de la defensa técnica, obligando a los comuneros a entrar solos o en grupos reducidos de a cuatro personas para firmar la resolución.

La defensa confirmó que impugnarán la medida en los próximos días mediante recursos de amparo ante la justicia provincial. Asimismo, adelantaron que trasladarán el reclamo al ámbito nacional, donde señalaron que el Estado jujeño ya acumula denuncias previas por el incumplimiento de los derechos de las más de 300 comunidades que habitan el territorio de la provincia.