El gobierno dilata la reparación de los terrenos ancestrales en Caspalá
Aunque la justicia federal le ordenó al gobierno provincial la pronta restitución al estado original de los terrenos afectados, por ahora las obras sobre la cancha y los terrenos expropiados de Pablo Cruz que fueron aplastados por maquinaria pesada permanecen en las mismas condiciones. En paralelo la querella espera que la causa por usurpación, abuso de autoridad, asociación ilícita avance hacia su etapa final.
- El gobierno provincial no ha mostrado voluntad para reparar los terrenos que afectó en Caspalá.
- La abogada que representa a la comunidad alertó sobre el peligro de fuga que implica autorizarle salidas del país a los funcionarios involucrados.
La sugerencia judicial de reparar el daño que sufrió la comunidad Kolla de Caspalá antes de fin de año para que despidan 2024 en paz, no se cumplirá, esto es un hecho visto que el gobierno no ha mostrado interés alguno en restituir los terrenos al estado previo a su intervención.
Hace dos años atrás, los vecinos del recóndito y habitualmente tranquilo pueblo del departamento Valle Grande, enfrentaron el avasallamiento sobre sus terrenos ancestrales en el afán de la clase política por construir escuelas donde fuere, sin consulta previa alguna a la comunidad, aún si esto implicaba la destrucción de zonas de interés cultural y arqueológico, como efectivamente son los antigales.
Tras un extenso proceso judicial, el fallo emitido en 2024 por el Juzgado Federal de Jujuy ordenó restituir las zonas afectadas y dejar los terrenos en su estado original. Sin embargo, a menos de dos meses de la fecha límite establecida para las obras, la abogada querellante Alejandra Cejas denunció la falta de acción por parte del gobierno jujeño.
El convenio homologado entre el gobierno provincial y la Fiscalía establece 30 días hábiles para ejecutar las obras, pero hasta la fecha no se han dado señales de cumplimiento. Cejas subrayó que, si el gobierno pudo realizar las demoliciones en tan solo 20 días, también podría haber restituido los terrenos en un tiempo similar.
Preocupación por el peligro procesal
Otro tema inquietante es el pedido de salida del país por parte de dos imputados, ambos exfuncionarios involucrados en las decisiones que afectaron a la comunidad. “Es insólito que pidan vacaciones en medio de un proceso penal por corrupción con una expectativa de pena de 12 años. Esto no solo demuestra una falta de respeto hacia el juzgado, sino también hacia las víctimas”, afirmó Cejas.
La abogada destacó que, en Jujuy, es común que los imputados por delitos con penas mayores a tres años enfrenten prisión preventiva para evitar fugas o entorpecimiento del proceso. Sin embargo, en este caso, no se han tomado medidas cautelares adecuadas.