Fiscalía social: Una herramienta para los ciudadanos
En Jujuy no se respeta el acceso a la Ley de Información pública 5886 sancionada durante el gobierno del señor Morales el 17 de diciembre de 2015. Toda la información requerida por el periodismo y el público en general está como encriptada y es imposible acceder de modo que todo rige bajo una lógica oscurantista.
Es una ley que garantiza este derecho fundamental y están poniendo en peligro la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a “saber de qué se trata”.
Esta conducta anacrónica y feudal fomenta la desconfianza en nuestras instituciones. En el caso del periodismo, se enfrentan dificultades para realizar su labor. Precisamente es lo que busca el gobierno radical en el poder ahora seguido desde la oscuridad por el ex gobernador Morales procurando que la verdad no llegue a los oídos de la gente.
Cuando la información es oscura la gente tiende a sospechar que hay algo que ocultar. Esto está erosionando la confianza en el gobierno y en los que están al mando de la toma de decisiones.
La orden de Morales de ocultar la información, salteando la ley que el mismo impulso, aun hoy se sostiene en el gobierno de otro señor elegido por la gente lo cual es igualmente grave. Detestan el ejercicio de la crítica y el análisis social.
La Constitución de la provincia, en su artículo 12 sobre publicidad de los actos de gobierno, plantea, en el punto 2, que el gobierno provincial garantiza el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información publica. En el punto 4 plantea que la información en poder del Estado, municipios y comunas y demás personas jurídicas públicas se presume pública.
Solo se limita el suministro de la información por razones de seguridad. No creo que sea el caso de la SUSEPU que conduce este señor Oehler sobre reclamos normales de los vecinos que se niega a tanto al público como a la prensa. Pero siguiendo la Constitución, en el punto 6, la ley asegura el derecho fundamental de acceso a la información pública, garantizando los principios de presunción de publicidad, máxima divulgación y gratuidad.
Volviendo a la Ley Provincial de Acceso a la Información Pública sancionada durante el gobierno del señor Morales, plantea un tema central: el derecho regulado en esta ley es un derecho humano fundamental en sí mismo y, como tal, no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia o de interpretaciones que lo limiten…
Frente a la contundencia de lo que plantea la ley es importante que los jujeños sepan lo que Morales y sus seguidores han hecho con el espíritu de la norma y el daño que le están generando a la democracia en Jujuy.
A propósito que dice el código penal en su artículo 248... Será reprimido con prisión de uno a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que no ejecutare las leyes cuyo incumplimiento sea efectivo.
A propósito, frente a los constantes atropellos, organizaciones comunitarias, sociales, políticas y sindicales, no gubernamentales suscribieron un acta para la creación a la fiscalía social anticorrupción como organismo independiente y autónomo del Estado, encargado de investigar, denunciar y perseguir irregularidades cometidas desde el estado.
La iniciativa impulsada por el Dr. Alberto Nallar cuenta con el respaldo de la legislación provincial, nacional, tratados internacionales sobre transparencia de los actos de gobierno y de acceso a la información pública.
La gobernanza de la fiscalía social anticorrupción reside en la asamblea de la formarán parte todos los ciudadanos que expresen formalmente su voluntad de incorporarse a ella, y por una junta fiscalizadora de diez miembros elegidos anualmente por la asamblea, que tendrá a su cargo la investigación de los actos de gobierno, la lucha contra la corrupción y la publicación de sus actos.