La fiscal “gerardista” que simula investigar la corrupción en Jujuy, una vez más, muestra su hipocresía para ocultar los negocios del poder. La Oficina Anticorrupción plantea una dura y descarnada radiografía sobre su rol institucional, desnudando lo que consideramos una estrategia de distracción frente a problemas estructurales mucho más profundos. Mientras el organismo provincial exhibe como un gran logro de gestión el asesoramiento formal a más de cincuenta municipios y comunas sobre el alcance de la Ley de Ética Pública y la obligación de presentar declaraciones juradas, la realidad de la investigación criminal y la fiscalización del erario público parece ir por un carril completamente opuesto.
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Fiscalía Anticorrupción: un decorado al servicio del poder
La Oficina Anticorrupción de Jujuy vuelve a quedar en el centro de las críticas por su rol en el control de la gestión pública. Señalamientos sobre su falta de independencia y su funcionamiento como estructura burocrática más que como organismo de investigación reabren el debate sobre la transparencia en la provincia y el verdadero alcance de los mecanismos de control del Estado.
La columna vertebral de esta crítica apunta a una contradicción evidente en el corazón mismo del poder, sugiriendo que la agenda de capacitaciones es en realidad una maniobra burdamente diseñada para maquillar una gestión que no funciona como un organismo independiente capaz de poner luz sobre la corrupción estructural, sino como un simple brazo o apéndice del poder político de turno. Esto se debería, fundamentalmente, a que su directora, la fiscal Josefa Herrera, fue designada de manera directa por el propio exgobernador Gerardo Morales, garantizando así un esquema de protección e impunidad hacia las esferas más altas de la administración.
Lo verdaderamente alarmante y valioso de este planteo es que no se queda en la queja abstracta o en el enunciado generalista, sino que baja a tierra con ejemplos precisos de un enorme impacto económico, patrimonial y social para todos los jujeños, detallando gravísimas irregularidades en distintas reparticiones que dependen directamente del Poder Ejecutivo. Allí aparece el caso de EJESA y los supuestos contratos celebrados al margen de la Ley 4888, del marco regulatorio que rige toda la actividad energética de la provincia; los manejos financieros sumamente dudosos y poco transparentes en la empresa estatal JEMSE, la cual estaría comprometiendo el futuro de la provincia al gastar de manera irresponsable a cuenta de recursos venideros; o el verdadero escándalo desatado en la Dirección Provincial de Vialidad, con sesenta millones de pesos en combustibles que misteriosamente no habrían sido rendidos.
Se suma el polémico y nocivo remate de una planta asfáltica que le costó al pueblo jujeño dos millones de dólares, que tenía apenas seis años de antigüedad y una vida útil proyectada de veinte años. Una decisión incomprensible que terminó postergando de manera indefinida la reparación y el pavimentado de cientos de cuadras y rutas fundamentales en todo el territorio provincial. Sin olvidar tampoco los supuestos acuerdos de conveniencia con el Banco Macro, donde la provincia estaría utilizando recursos públicos para financiar y fidelizar la cartera de clientes de una entidad privada, entre otros.
Todos estos temas oscuros, que por su gravedad y volumen económico deberían formar parte de la verdadera y prioritaria agenda de la Oficina Anticorrupción, quedan sepultados bajo una densa pantalla de humo burocrática y discursiva, lo que nos obliga a profundizar en un análisis donde la cuestión ética y moral en este gobierno forma parte de un vacío alarmante que termina dañando y erosionando la sustancia misma de la democracia.
Cuando la ética se reduce a un simple trámite administrativo, a un curso de capacitación sobre cómo rellenar un formulario o a la exigencia de una declaración jurada para pequeños funcionarios de las comunas del interior, mientras las grandes decisiones estratégicas, los contratos millonarios y las cajas negras de las empresas estatales se manejan en absoluta y discrecional opacidad, lo que se termina rompiendo de raíz es el contrato de confianza fundamental entre representantes y representados.
La moral pública no es un adorno discursivo para los discursos oficiales ni una oficina de asesoramiento para simular transparencia; es la garantía republicana de que el bien común está siempre por encima del interés privado o del beneficio de una facción política gobernante. Al vaciar de contenido real a los órganos de control del Estado, despojándolos de su capacidad investigativa y de su autonomía presupuestaria y funcional, la democracia se degrada paulatinamente en una mera formalidad procedimental, en una cáscara vacía donde el ciudadano asiste a las urnas a votar, pero pierde por completo la capacidad real de vigilar en qué se gasta su dinero y cómo se administran los recursos de su tierra.
Nos deja ante una encrucijada institucional sumamente preocupante, donde el control estatal se enfoca deliberadamente en las formalidades de superficie para cuidar el marketing político y las relaciones públicas, mientras el verdadero poder, los presuntos hechos delictivos y las grandes cajas del Estado permanecen intactos en la más profunda y conveniente de las sombras, consolidando un modelo donde el control es para los de abajo y la impunidad es para los de arriba.
Desarmar una matriz de impunidad estructural tan profundamente enquistada en el poder requiere mucho más que un simple cambio de nombres; exige una verdadera revolución institucional y ciudadana que devuelva la sustancia a la democracia jujeña.
El primer paso ineludible para quebrar este diseño de encubrimiento radica en la absoluta independencia económica y funcional de los órganos de control, transformando por completo el mecanismo de designación de sus autoridades. No podemos seguir permitiendo que el gobernador de turno elija a su propio auditor, por lo que la titularidad de la Oficina Anticorrupción y de la Fiscalía de Estado debería surgir de concursos públicos de oposición y antecedentes rigurosos, con impugnación ciudadana y con la participación exclusiva de minorías parlamentarias o universidades civiles, garantizando así que quien controle no le deba el puesto al controlado.
De manera simultánea, es urgente avanzar hacia una transparencia radical y en tiempo real a través de la digitalización absoluta de los actos de gobierno. Esto significa que cada contrato de EJESA, cada balance de gasto futuro en JEMSE, cada centavo invertido en combustible por Vialidad de la Provincia y cada acuerdo financiero con el Banco Macro debe estar disponible en plataformas de datos abiertos, accesibles para cualquier ciudadano, periodista o investigador, sin necesidad de trámites burocráticos que solo buscan dilatar los tiempos.
Asimismo, resulta vital empoderar las auditorías externas y los observatorios ciudadanos autónomos, financiados de forma independiente, que puedan auditar de manera paralela las grandes cajas estatales, rompiendo el monopolio de la fiscalización oficial que hoy actúa como maquillaje.
Por último, y quizás lo más importante, se necesita reactivar la movilización social y el debate público permanente. La matriz de impunidad se alimenta del silencio, del acostumbramiento de una sociedad que empieza a ver lo turbio como algo normal. Cuando la ciudadanía recupera su capacidad de indignación, exige rendición de cuentas y penaliza el desvío ético en las urnas y en las calles, ese vacío moral del que hablábamos empieza a llenarse con participación real, forzando al sistema político a entender de una vez por todas que los recursos públicos pertenecen al pueblo jujeño y no a los privilegios de una facción gobernante.