Durante la manifestación, la madre de la víctima, Jorgelina Soto, expresó su indignación ante la resolución judicial que mantiene a la acusada en su vivienda del barrio Alto Comedero: "Nos notificaron que va a seguir 30 días más en prisión domiciliaria. No lo veo justo, ella no robó, mató a mi hijo y tendría que estar esperando el juicio en un servicio penitenciario", sostuvo.
Asimismo, la mujer ratificó que la imputada continúa cumpliendo el beneficio sin tobillera electrónica ni custodia policial y advirtió que no cesarán las movilizaciones: "Si es necesario encadenarme, lo voy a hacer. No voy a parar hasta que vuelva adonde tiene que estar".
Duras críticas de la querella a la inactividad fiscal
Por su parte, el abogado representante de la querella, Ezequiel Martínez, detalló la situación procesal de la causa tras el rechazo a la impugnación presentada por la familia. El letrado explicó que la concesión y posterior extensión de la medida responde principalmente a la inactividad procesal de la Fiscalía, la cual solicitó en su momento la detención para concretar diligencias como la rueda de reconocimiento de personas, pero no las ejecutó en los plazos correspondientes.
"Se fundamentó en la falta de avance de las medidas que la propia Fiscalía pidió. Si bien entendemos esa lógica, no se meritaron los peligros procesales evidentes: la acusada estuvo una semana prófuga tras el crimen y su teléfono celular, que es una prueba clave, nunca apareció", remarcó Martínez.
El querellante adelantó además que buscarán agotar las instancias judiciales superiores, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, para sentar un criterio definido sobre la aplicación del arresto domiciliario en delitos gravísimos. "El bien jurídico protegido es la vida, es lo más preciado. Hay una incertidumbre en los operadores jurídicos sobre este beneficio en causas de esta magnitud, por lo que entendemos que la discusión debe llegar a las máximas instancias para dar tranquilidad a las víctimas", concluyó.
