En medio del conflicto, las afirmaciones de Manente merecen un aplazo

Cuando una provincia atraviesa un conflicto docente, lo que la sociedad espera de sus representantes no son amenazas ni discursos que profundicen la confrontación, sino capacidad para construir puentes de diálogo.

No es precisamente el caso del diputado radical Federico Manente, exadministrador de la Finca El Pongo, cuya gestión fue paupérrima durante el gobierno de Gerardo Morales. Ahora, desde la Legislatura, como si fuera un erudito en temas de educación, sale a cuestionar a los docentes afirmando que toda inasistencia sin respaldo legal será catalogada como falta sin aviso y que quienes impulsen un paro serán sancionados y sufrirán descuentos salariales.

Naturalmente, el disparate de Manente solo sirvió para echar más leña al fuego.

La educación no es un campo de batalla donde haya vencedores y vencidos; es el lugar donde se forma el futuro de una comunidad.

Por eso, cuando desde un cargo público se realizan declaraciones como las de Manente, percibidas por el sector docente como intimidatorias o descalificadoras, el resultado suele ser exactamente el contrario al buscado: se intensifica el enojo, aumenta la desconfianza y se profundiza una crisis que, de por sí, ya es suficientemente grave.

Frente a esto, resulta inevitable que muchos se pregunten por qué quienes desempeñan semejante tarea continúan reclamando salarios dignos mientras observan que buena parte de la dirigencia política conserva privilegios que parecen inmunes a cualquier ajuste.

La crítica no pasa únicamente por cuánto gana un diputado o cuántas veces sesiona la Legislatura. La sociedad espera que quienes legislan produzcan normas que transformen la realidad, pero con energúmenos como Manente resulta difícil que esos deseos se conviertan en hechos.

Existe una percepción cada vez más extendida de que hay una enorme diferencia entre las exigencias que se imponen a trabajadores como los docentes y las que recaen sobre quienes ocupan cargos políticos. Esa asimetría alimenta el descreimiento ciudadano.

Por otra parte, opinar desde una banca legislativa es legítimo; pretender descalificar o disciplinar a quienes viven diariamente la realidad de las escuelas sin demostrar un conocimiento profundo del sistema educativo difícilmente contribuya a resolver el conflicto.

La hipocresía aparece cuando se llena de elogios a la educación en cada acto oficial, cuando se repite que los niños son el futuro y que los docentes cumplen una misión fundamental, pero al momento de reconocer condiciones laborales dignas solo aparece la imposición.

El privilegio político tampoco se mide únicamente por una remuneración. El privilegio consiste en exigir sacrificios permanentes a otros mientras quienes toman las decisiones pocas veces asumen costos equivalentes. Consiste en reclamar esfuerzo, vocación y compromiso a trabajadores esenciales sin que exista el mismo nivel de transparencia, productividad y rendición de cuentas para quienes administran el poder.

Una democracia sana necesita legisladores comprometidos y también docentes respetados.

No son enemigos. Cuando la política convierte a los educadores en adversarios, pierde de vista que detrás de cada maestro hay cientos de alumnos cuya formación depende de que el sistema funcione.

Nadie gana cuando una provincia enfrenta a sus representantes con quienes enseñan en las aulas. Ganan, en cambio, la frustración, el deterioro institucional y la sensación de que el diálogo ha sido reemplazado por la confrontación permanente.