El referente de la Coalición Cívica ARI en Jujuy, José María Albizo Cazón, dijo que la iniciativa surgió con las denuncias de cientos de usuarios que protestaron por el estado de los coches; tras realizar un viaje con una empresa que lo dejó varado en barrio Alto Comedero, Albizo Cazón acudió a la Defensoría del Pueblo a pedir que se abra una investigación “para dilucidar el estado de cada unidad del servicio de transporte público de pasajeros de San Salvador de Jujuy y Palpalá”.
Embed - Municipio y empresas contra las cuerdas: exigen inspecciones de colectivos
Explicó que ese organismo tiene competencia para permitir una inspección ocular, técnica o mecánica, y solicitar documentación de Revisión Técnica Vehicular y complementaria.
Asimismo, recordó que “el pliego de bases y condiciones expresa que, tras una prolongada situación deficitaria en términos de la calidad de prestación del servicio, también se puede pensar revocar la concesión a las empresas”.
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“La empresa más criticada es Santa Ana, y recibe $ 100.000.000 de subsidios”, dijo, librando a los choferes de la culpa por la crisis y el paro, y apuntó “a la correcta o incorrecta administración que tienen las empresas. El estado de las unidades refiere a un estado de peligrosidad inminente para el usuario que viaja, y para el chofer”.
Para Albizo, el problema no se soluciona de raíz “porque los funcionarios no piensan en materia de transporte, ya que no lo viven. Si lo hicieran verían la crisis que atraviesa. Es una crisis de la vida político institucional. Hay desidia, abandono y desinterés. A ocho días de paro el Estado municipal se halló absolutamente ausente, y esto nos preocupa”.
