Falta de información y ausencia de padrones
Alejandro Vega, candidato a secretario gremial por el espacio opositor, cuestionó la falta de transparencia y garantías organizativas a poco tiempo de la votación: "Las elecciones son el 3 de noviembre y hasta el día de hoy, a 20 días, no tenemos ni los padrones, ni el lugar de la junta electoral. Así que no hay ninguna información de nada, nosotros somos de la lista opositora y bueno, estamos esperando eso, que se regularice para poder presentar la lista opositora, si no estamos hablando de la democracia sindical y bueno, de esta manera no se puede así".
Vega señaló que intentaron canalizar los reclamos institucionales sin obtener respuestas satisfactorias por parte de la conducción nacional y provincial, advirtiendo que este escenario busca desmovilizar a los docentes de base que aspiran a recuperar espacios de representación gremial legítima como los de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP).
Acusaciones de intromisión política y "elecciones fantasmas"
Por su parte, el profesor Guillermo Duarte, docente de base de ADEP, fue aún más categórico al calificar los comicios como una "elección fantasma" y responsabilizar directamente al Poder Ejecutivo provincial por interferir en la vida interna de los gremios: "A título personal yo voy a seguir sosteniendo de que es el gobierno, que es el ejecutivo de la provincia el que está metido dando la venia a todo esto. Recordemos aquel jueves de Comadre de 2025 se firmó un acta donde esa acta faculta a la Tesorería de la Provincia de Jujuy a manejar los fondos de la cuota societaria de los afiliados de ADEP".
Duarte remarcó que existe un antecedente de descontento generalizado ante el manejo de las estructuras sindicales y la falta de escrutinios transparentes, lo que profundiza el temor de los docentes a sufrir represalias o descuentos salariales si deciden participar activamente.
Desde la Lista Multicolor hicieron un llamado urgente para mantenerse organizados, exigir la publicación inmediata de los padrones y defender los derechos laborales frente a lo que consideran un grave retroceso institucional en materia de garantías democráticas.
