El dinero “negro” de las campañas políticas
El financiamiento de una campaña puede llegar de varios sectores: afiliados, banca propia, empresas, funcionarios, entre otros.
En este último caso se trata de porcentajes ínfimos sobre todo si se tienen en cuenta los elevados costos operativos que implica una campaña política bien realizada.
El proyecto de ley de financiamiento electoral llegará el miércoles a la Cámara de Diputados. Nacido del escándalo por los aportantes truchos de Cambiemos y a tres meses de las PASO, el oficialismo saca cuentas para asegurarse los votos en la sesión.
La iniciativa elimina la prohibición sobre los aportes empresarios y tuvo media sanción en el Senado el 16 de abril mediante un acuerdo del oficialismo con la bancada justicialista que encabeza Miguel Pichetto.
Entre los puntos en discusión se destaca el tope y la modalidad de las contribuciones empresarias, que fueron prohibidas tras la sanción de la ley 26.215 en el 2009.
En Jujuy, tanto el radicalismo como el justicialismo (gobierno y ex gobierno) se han caracterizado siempre por el despilfarro de fondos para grandes despliegues proselitistas.
De una fuerza o de otra, los candidatos siempre esquivan el tema. Nadie explica ni el origen de los fondos ni como se utilizan.
Las campañas que llevan adelante los partidos más chicos deben competir con aparatos más aceitados y un despilfarro que se contrasta con un cuadro de pobreza que se agrava en todo el territorio.
Consultada al respecto, Ana Juárez Orieta ex funcionaria del gobierno y hoy candidata por el Partido para la Justicia Social destacó que las posibilidades de hacer una adecuada campaña distan mucho de la idea de equidad.
“Tenemos una campaña austera, lo que hacemos es maximizar recursos curiosos con aportes propios”, señaló.
“El partido para la justicia social que forma parte del frente juntos por Jujuy ya participó de otras elecciones, la alianza (el oficialismo) se llevó todos los dividendos que aporta la justicia”, agregó.
Previo a su candidatura, el diputado provincial por el FIT Alejandro Vilca ya había dejado en claro su opinión sobre los aportes de campaña.
“Peleamos para que haya mayor trasparencia y que se modifique la ley provincial. No está muy clara porque la gran mayoría de los empresarios en Jujuy tienen su partido, el PJ y la UCR. Debe haber un fondo equitativo controlado por el Estado y la población pero saber de dónde sale la plata”, señaló.
En Jujuy el tema no ha pasado inadvertido, a sabiendas que el oficialismo reniega para suministrar información sobre proyectos: Cauchari, Girsu, La Esperanza, Cannabis, Plan de Contingencia, por citar algunos ejemplos.
Esta negativa a transparentar la gestión no ha hecho más que prestarse a suspicacias. La propia diputada de la oposición, Débora Juárez de Bracamonte, ya planteaba en 2018 sus dudas en torno a la aprobación del decreto acuerdo firmado por el gobernador para crear el plan de contingencia “Jujuy Asiste y Reactiva ”.
En la oportunidad, la oposición aseguraba que el gobierno, con el pretexto de responder con premura, se saltearía mecanismos de control y podría hacer contrataciones directas a empresas amigas sin límite de fondos.
Una vez, la cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas se quedan en el camino conforme se vencen los plazos y, ya un mes de los comicios locales, nadie sabe a ciencia cierta donde se origina el derroche de fondos.